La “pista” que los alfaristas Hugo Luna, Clemente Castañeda e Ismael del Toro dieron a los medios de comunicación respecto a que la empresa Profesionales en Gestión Tributaria SC también prestó sus servicios a los ayuntamientos de Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá, así como al SIAPA, con lo que pretendieron descalificar la acusación del PRI de que a través de esta empresa se desviaron 86 millones de pesos a favor de las campañas de Enrique Alfaro Ramírez, arrojó interesantes resultados.
Esta empresa,-cuyo domicilio resultó ser el mismo de la agrupación política alfarista Alianza Ciudadana, en la calle Belén 184-A-, efectivamente prestó sus servicios al Ayuntamiento tapatío, pero resulta que ahí también su participación abre una serie de sospechas sobre su oscuro trabajo y el resultado de los mismos.
Entrevistado por la reportera Martha de la Torre de Radio Noticias 1070, el regidor y coordinador de la fracción edilicia del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alberto Cárdenas Jiménez, reveló que la contratación de esta empresa fue lo que motivó la solicitud de juicio político en contra del tesorero municipal, Francisco Padilla Villarruel, por haberlo hecho sin la aprobación del Cabildo como lo marca la ley, además de que se confirmaron otras anomalías.

Cárdenas Jiménez señaló que cuando investigaron a la empresa Profesionales en Gestión Tributaria, confirmaron que era “fantasma” porque el domicilio fiscal que registraron, precisamente en la calle Belén 184-A, no era el de esta empresa.
“Nosotros corroboramos que era una empresa fantasma porque el domicilio registrado no había ninguna actividad, nadie iba, era una casa, más bien un despacho ahí abandonado y que esto era una faramalla”, dijo textualmente el ex gobernador panista.
Reveló también que el Ayuntamiento de Guadalajara le habría pagado a esta empresa alrededor de un millón de pesos por el cobro de la cartera vencida por el pago del predial, sin que se refleje en las arcas la recaudación. Cuenta que solicitaron al tesorero Padilla Villarruel detalles de a cuánto ascendía la suma de lo recaudado, pero el responsable de las arcas municipales se negó a proporcionarles dicha información.
Asimismo, Cárdenas Jiménez  recordó que el Tesorero nunca justificó su decisión de contratarla ni explicó bajo qué facultades lo hizo sin la aprobación del cabildo como lo marca la ley.
Valga decir que también Padilla Villarruel deberá revelar cómo es que contrató a esta empresa, si él tenía o tiene relación con ella o le fue recomendada por alguien más.

En el caso del SIAPA, lo que hasta el momento se sabe es que se contrató a Profesionales de Gestión Tributaria en el 2012, pero su contrato fue rescindido o cancelado ante la falta de resultados en un año.
Por supuesto falta conocer detalles de esta contratación en este organismo y de la realizada en los ayuntamiento de Tlaquepaque y Tonalá.