En el Congreso del Estado hay un procedimiento que debe de seguirse para la aprobación de iniciativas o solicitudes presentadas por los diputados o cualquier otro ente con la facultad de hacerlo.
De manera práctica, dicho procedimiento es notificar a la Mesa Directiva en turno de la solicitud recibida o presentada, la que a su vez deberá de remitirla a la comisión o comisiones correspondiente para su análisis, discusión y aprobación o rechazo. Si se aprueba, entonces se remitirá el dictamen correspondiente al Pleno para su aprobación o rechazo.
Reitero, en términos “económicos” -para utilizar el mismo lenguaje legislativo-, ese es el camino que debe de seguirse en un proceso normal.
Bueno, pues inicialmente ese fue el camino que tomó la solicitud de los presidentes de diversas comisiones legislativas para buscar les contrataran colaboradores a fin de sacar adelante el trabajo que aseguran tienen rezagado en cada una de ellas. Y lo hicieron a través de la Comisión de Administración.
Sin embargo, el pasado miércoles esta Comisión rechazó la solicitud de los legisladores Juan Manuel Alatorre, Rafael González Pimienta, Yolanda Rodríguez, Hernán Cortés Berumen, Juan Carlos Márquez Rosas y José Luis Munguía, al oponerse a ello el diputado Guillermo Martínez Mora, lo que no permitió la unanimidad con la que deben de ser aprobados los asuntos.
Ante esta situación, los mismos legisladores decidieron “jugar” su última carta y decidieron presentar una iniciativa de acuerdo legislativo para que sea el pleno quien autorice o no la contratación de nuevo personal, dándole así vuelta a la decisión de la Comisión de Administración que no aprobó dicha contratación.
El argumento del diputado Martínez Mora fue que ignoraba si el Congreso contaba con los recursos suficientes para hacer frente a un nuevo gasto que implica pagar salarios al nuevo personal contratado, amén de que él y otros legisladores argumentan que hay personal suficiente para que cubra esos espacios que los diputados pretenden cubrir con nuevos empleados.
¿Cuál será la decisión del pleno del Congreso? ¿Aprobará la solicitud de estos seis diputados, ignorando así la decisión de la Comisión de Administración? ¿O será respetuoso del proceso que marca la ley y respaldará la decisión de los integrantes de la Comisión de Administración?
Hay legisladores que consideran que si el pleno aprueba lo que rechazó la Comisión de Administración, se sentará un serio precedente para que cuando se presente un caso similar sobre cualquier otro asunto, los diputado inconformes entonces ignoren el dictamen de la Comisión respectiva y recurran al pleno para lograr su propósito.
En este sentido, los diputados tanteo del PAN como del PRI deberán de tener mucho cuidado con la decisión que tomen, pues de aprobarlo corren el riesgo de sumar un nuevo calificativo a los muchos que les endilgan: el de ¡tramposos!.