En medio de la rebatinga sobre si el partido alfarista Movimiento Ciudadano hará o no alianza con algún otro partido político, respecto a cuántos de sus militantes o representantes con algún cargo público actualmente desertarán por la falta de nuevas oportunidades o en cuanto a la cantidad de desertores de otros partidos que se sumarán a sus filas, sus gobernantes en la zona metropolitana preparan ya el escenario para llevar a cabo lo que consideran es una de sus obras maestras: la ratificación de mandato.
Creado durante el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez cuando gobernaba Tlajomulco y replicado por sus sucesores Alberto Uribe Camacho -interinamente- e Ismael del Toro Castro, el ejercicio de la ratificación de mandato se aplicará ahora, además de aquél, en los municipios que gobiernan como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Zapotlanejo.
Lo destacado es que los gobiernos alfaristas se someterán a la figura de “ratificación de mandato“, a fin de llevarlo a cabo bajo las reglas establecidas por ellos mismos en sus reglamentos municipales de participación ciudadana y rechazan enfrentarse a la figura de “revocación de mandato” que tendrían que jugar en función de lo que marca el Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, pues mientras el primero demanda únicamente la participación del 2% de la lista nominal de electores del municipio -acarrearlos no será difícil-, el segundo obliga la intervención de cuando menos el mismo número de ciudadanos que participaron en la elección que ganó el hoy sometido al juicio de las urnas.
Por eso pierde todo interés y validez jurídica, legal y social este montaje que los gobiernos alfaristas metropolitanos levantarán antes de rendir su informe de gobierno y previo a que inicie el proceso electoral -en octubre-, rumbo a las elecciones del 2018. Además resulta risible, por decir lo menos, que estos gobiernos se sometan a una “ratificación” de mandato cuando están por cumplir ya dos años en el cargo.
Pero además de todo lo anterior, el caso en Guadalajara tiene una carcaterística especial: que independientemente de lo que opinen los tapatíos en este ejercicio de “ratificación de mandato“, todo indica que el presidente municipal Alfaro Ramírez “aventará la toalla” del gobierno para ser candidato de su partido a la gubernatura, bajo quién sabe qué argumentos con los que pretenda justificar su decisión.
O sea que si la mayoría de los ciudadanos de Guadalajara que participen “ratifican” a Enrique Alfaro como alcalde, éste no concluirá el período constitucional para el que fue electo en 2015 y ratificado -seguramente- en 2017, pues sin duda solicitará licencia para ir “velando armas” con las que se convertirá en serio contendiente por suceder al priista Jorge Aristóteles Sandoval.
Así, pues, si por alguna razón no pueden llevar a cabo el proceso para la “revocación” de mandato, no tiene ningún sentido someterse a uno confeccionado ex profeso por los propios gobiernos alfaristas como es la “ratificación” de mandato sin validez alguna que obligue al Mandatario municipal a concluir su gestión o, si ese fuera el caso, a separarse del cargo.
Pero, bueno, al tiempo.