Luego del “golpe de timón” que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz Díaz dio al anunciar primero y presentar después la iniciativa de reforma constitucional que otorga la plena autonomía a la Fiscalía General del Estado, ahora debería dar un “manotazo” sobre la mesa para obligar a que los diputados del PRI que no lo han hecho -que es la mayoría-, cumplan con su declaración “3de3”, en el marco de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.
De mantenerse en la situación actual, ¿estos legisladores tendrán calidad moral para aprobar un Sistema Anticorrupción cuando ellos incumplen con una de las obligaciones de ley que ellos mismos aprobaron, como es el de presentar sus declaraciones patrimonial y fiscal, así como de conflicto de intereses?
De 13 legisladores del PRI solamente dos han cumplido con esta encomienda. El resto, once, simplemente la ha ignorado y se la han pasado “por el arco del triunfo”.
Los cumplidos son los diputados Oswaldo Bañales Orozco y la diputada María del Refugio “Cuquis” Ruiz Moreno.
La lista de los incumplidos la encabeza nada menos que su propio coordinador Hugo Contreras Zepeda, y le siguen Jorge Arana Arana, Antonio López Orozco, Hugo René Ruiz Esparza, Salvador Arellano Guzmán, Rocío Corona Nakamura, Claudia delgadillo González, Anahí Olguín Rojas, Juana Ceballos Guzmán, Guadalupe Morones Vargas y Susana Barajas del Toro.
Pero además del “manotazo” sobre la mesa  que dé el gobernador, ahora que estos 11 diputados priistas fueron exhibidos como incumplidos el dirigente estatal del PRI, Héctor Pizano Ramos, debe también de exhortarlos a ser los primeros en cumplir las leyes que, para empezar, ellos elaboran y aprueban.
¿Cuál es la razón por la que Contreras, Arana, López, Ruiz Esparza, Arellano, Corona, Delgadillo, Olguín, Ceballos, Morones y Barajas se han negado a presentar su declaración “3de3”? ¿Por qué si lo hicieron sus compañeros Ruiz Moreno y Bañales Orozco, ellos no? ¿Qué esconden? ¿O, acaso, hay motivos por las que no existe una explicación lógica de su situación patrimonial, fiscal o de conflicto de intereses? ¿Habrá “gato encerrado” en el caso particular de cada uno de estos 11 legisladores?
Pero si la ley los obliga, por un lado, y si dos de los diputados del PRI ya lo hicieron y cumplieron con su declaración “3de3”, ¿por qué no lo hacen los demás legisladores priistas?
El Ejecutivo estatal debe hacer valer su papel de “primer priista” del Estado y obligar a estos once diputados para que antes de que entre a discusión y posible aprobación las reformas para la instauración del Sistema Estatal Anticorrupción, cumplan con aquello que dice que “el buen juez por su cada empieza”, y que no den motivo para que terminemos por subrayar que “en casa del herrero, azadón de palo”.
El gobernador Aristóteles Sandoval, el dirigente priista Pizano Ramos y, particularmente, los 11 diputados del PRI incumplidos tienen la palabra.