En un “machote” con el mismo contenido pero firmado por separado, los dirigentes de la Coparmex, Mauro Garza Marín; del Consejo Agropecuario de Jalisco, Jacobo Efraín Cabrera Palos; y de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, Miguel Fernando Grabián Ramírez, anunciaron ayer su separación como integrantes del Consejo Económico y Social de Jalisco (Cesjal).
La parte medular del texto similar firmado por los tres dirigentes señala:
“Consideramos que a 12 años de su existencia el Cesjal no ha dado los resultados esperados que motivaron su creación, ni se ha consolidado como un órgano ciudadano para impulsar el desarrollo económico y social de la entidad, ni tampoco en su desempeño ha logrado ser significativo en la toma de decisiones del Estado…
“Siendo un hecho público y notorio, consideramos que el Cesjal se ha desvirtuado en su naturaleza al servir como una herramienta política, cuando por su naturaleza el Cesjal debe impulsar la incidencia social en los asuntos públicos de manera autónoma e imparcial y sin fines de propaganda política…
“Por ello hemos tomado la firme e irrevocable decisión de retirar nuestra participación dentro del Consejo Económico y Social…”.
El texto anterior abre una serie de interrogantes que ni Mauro ni Jacobo Efraín y ni Miguel Fernando responden en su escrito hecho público ayer por la tarde:

  • ¿Por qué a cuatro meses de que concluya la gestión de la actual dirigencia, apenas se dan cuenta de que el Cesjal “no ha dado los resultados (…) ni se ha consolidad (…) ni en su desempeño ha logrado ser significativo…”?
  • ¿Por qué en su documento no manifiestan una actitud de autocrítica y asumen la parte que les corresponde -un mea culpa- de la ineficacia del Cesjal a lo largo de estos 12 años de existencia si han formado parte de él desde su fundación?
  • Cuando afirman que “la toma de decisiones dentro del Consejo ha resultado arbitraria al aprobarse y modificarse con el voto de una limitada cantidad de consejeros”, ¿han dejado testimonio de su inconformidad y denunciado públicamente no sólo la presunta arbitrariedad sino, incluso, la ilegalidad de las decisiones tomadas si, como dicen, la ley que regula al Cesjal determina que las mismas deben ser aprobadas por las dos terceras partes de los consejeros presentes y no se hizo así?
  • ¿Cuántas decisiones y recomendaciones y de qué magnitud se han aprobado sin cumplir los requisitos de ley y por qué los ahora denunciantes no levantaron la voz públicamente o lo hicieron saber a las autoridades correspondientes a las que les fueron remitidas dichas recomendaciones?
  • ¿Qué pruebas hay de que cuestionaron, reprobaron y denunciaron dichas arbitrariedades sin éxito alguno?
  • ¿Por quién y de qué manera el Cesjal ha sido utilizada como “una herramienta política…”?
  • ¿Por qué no se atreven a mencionar nombre y apellidos de quien o quienes ha o han incurrido en ese uso indebido?
  • ¿Qué acciones, decisiones o recomendaciones emitidas por el Cesjal -debiendo haber sido aprobadas por las dos terceras partes de los consejeros presentes-, no fueron emitidas “de manera autónoma e imparcial” y con qué fines de propaganda política y por quién o por quiénes?
  • ¿Cuál es el “hecho público y notorio” que desvirtuó la naturaleza del Cesjal?
  • ¿De qué manera, cuándo y quiénes pretendieron impedir o denunciaron públicamente ese “hecho público y notorio”?
  • ¿Qué opinan de lo denunciado por estos tres organismos, los otros 18 consejeros que conforman el Cesjal?

Estas y otras preguntas más no encuentran respuesta en el texto firmado por los tres dirigentes de la Coparmex, el CAJ y la UCMA, y sí, en cambio, dejan abierta la interpretación de que nada hicieron no sólo para impedir las presuntas irregularidades que señalan sino que ni siquiera las denunciaron en su momento, con lo que las solaparon con su silencio por quién sabe qué razones.
Tanto la Coparmex como el Consejo Agropecuario y la UCMA estaban obligados a hacer públicas las presuntas irregularidades dentro del Cesjal y a denunciar a los responsables con nombre y apellido. No haberlo hecho en su momento los convierte en cómplices, y nada justifica que hoy pretendan salirse por la “puerta de a lado”.
Si, es cierto que el Cesjal no le ha servido para nada a los jaliscienses y sí le ha costado millones de pesos que recibe del erario público, pero eso se ha señalado públicamente durante la gran parte de los años que tiene de existir y se sabe por los hechos, no por una denuncia “opaca” que hoy hacen los renunciantes que son tan responsables como quienes hoy pretenden denunciar sin mencionarlos por sus nombres.
Lanzan la piedra y esconden la mano, pero deben de reconocer aquello que popularmente dice sabiamente: “Tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata…”.