El pasado 19 de noviembre de 2013, bajo el título “El ¿error? del Contralor del Estado…”, me referí al anuncio que Juan José Bañuelos Guardado había hecho un mes antes a los medios de comunicación en el sentido de que se habían detectado irregularidades por 7 mil 573 millones de pesos en el último año del gobierno de Emilio González Márquez.
En ese texto advertí lo siguiente:
“Si las irregularidades detectadas en 16 Secretarías, en 16 Organismos Públicos Descentralizados y en 29 Ayuntamientos auditados ascendieron a 7 mil 573 millones de pesos, ¿A cuánto ascendieron las observaciones? ¿Cuánto del total de las observaciones fueron solventadas ante la misma Contraloría? ¿Quién las solventó por parte de los OPD’s y quién o quiénes por parte de los Ayuntamientos auditados, que me imagino corresponden a las administraciones pasadas?
“¿Fue correcta la actuación de la Contraloría del Estado en estas auditorías -de entrada, sin facultad para auditar los OPD’s ni Ayuntamientos-? ¿Qué tanto de esta actuación correponde a buscar más un efecto e impacto mediático? ¿Qué tanto de esta actuación es resultado más de una presión por los tiempos legales y lo importante era lanzar una cifra que impactara en los medios y en la ciudadanía?
“Habría que poner mucha atención en estos “hilos” finos del trabajo de la Contraloría del Estado, pues si bien el gobierno de Emilio González Márquez tiene muchos lados cuestionable y motivos para ser criticado, mal estaríamos si la labor del contralor Juan José Bañuelos Guardado no se limita a lo que la ley le faculta y va más allá, reitero, por su afán de provocar un efecto mediático”.
Hace algunas semana, el propio Contralor del Estado reveló -y lo reiteró ayer en su comparecencia ante los diputados en el marco de la glosa del segundo informe de gobierno-, que se habían presentado ante la Fiscalía 12 denuncias penales contra funcionarios de la pasada administración por presuntos malos manejos financieros y anunció que había una orden de aprehensión en contra de un funcionario de Iprovipe.
Si no se ha ejecutado, valdría preguntarle a la Fiscalía el por qué… Pero ese es asunto de “otro costal”.
Lo que llama la atención de la presentación del Contralor ante los diputados es que estaríamos ante un escenario similar al de aquel contralor federal panista, Francisco Barrio Terrazas, quien durante gran parte de su gestión en el gobierno de Vicente Fox se dedicó a asustar con “el petate del muerto” y anunciar que caerían “peces gordos” por el caso del Pemexgate, para que a final de cuentas todo fue puro “blof” y ni siquiera “charales” cayeron en la red.
Ayer, por lo pronto, Juan José Bañuelos Guardado le dio un severo “golpe” al presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes, quien dijera que la construcción de la Ciudad Judicial había sido “el robo del siglo”. El Contralor fue claro y categórico ayer al decir que sí hubo irregularidades en esta obra, pero “las cosas no salieron como se pronosticaban”.
Contundente su afirmación:
“La Ciudad Judicial es un tema con más espinas que un huizapol; sin embargo, debo decirles que es una auditoría concluida (y que) los resultados que nos da esta auditoría no son compatibles con la expectativa que se había generado…”.
La pregunta que deja en el aire es: ¿Cuántos casos más no serán “huizapoles” que aun con espinas no alcanzarán a “tronar” a ningún ex funcionario de primer nivel de la era emilista?
“¿Fue correcta la actuación de la Contraloría del Estado en estas auditorías -de entrada, sin facultad para auditar los OPD’s ni Ayuntamientos-? ¿Qué tanto de esta actuación correponde a buscar más un efecto e impacto mediático? ¿Qué tanto de esta actuación es resultado más de una presión por los tiempos legales y lo importante era lanzar una cifra que impactara en los medios y en la ciudadanía?
“Habría que poner mucha atención en estos “hilos” finos del trabajo de la Contraloría del Estado, pues si bien el gobierno de Emilio González Márquez tiene muchos lados cuestionable y motivos para ser criticado, mal estaríamos si la labor del contralor Juan José Bañuelos Guardado no se limita a lo que la ley le faculta y va más allá, reitero, por su afán de provocar un efecto mediático”.
Hace algunas semana, el propio Contralor del Estado reveló -y lo reiteró ayer en su comparecencia ante los diputados en el marco de la glosa del segundo informe de gobierno-, que se habían presentado ante la Fiscalía 12 denuncias penales contra funcionarios de la pasada administración por presuntos malos manejos financieros y anunció que había una orden de aprehensión en contra de un funcionario de Iprovipe.
Si no se ha ejecutado, valdría preguntarle a la Fiscalía el por qué… Pero ese es asunto de “otro costal”.
Lo que llama la atención de la presentación del Contralor ante los diputados es que estaríamos ante un escenario similar al de aquel contralor federal panista, Francisco Barrio Terrazas, quien durante gran parte de su gestión en el gobierno de Vicente Fox se dedicó a asustar con “el petate del muerto” y anunciar que caerían “peces gordos” por el caso del Pemexgate, para que a final de cuentas todo fue puro “blof” y ni siquiera “charales” cayeron en la red.
Ayer, por lo pronto, Juan José Bañuelos Guardado le dio un severo “golpe” al presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes, quien dijera que la construcción de la Ciudad Judicial había sido “el robo del siglo”. El Contralor fue claro y categórico ayer al decir que sí hubo irregularidades en esta obra, pero “las cosas no salieron como se pronosticaban”.
Contundente su afirmación:
“La Ciudad Judicial es un tema con más espinas que un huizapol; sin embargo, debo decirles que es una auditoría concluida (y que) los resultados que nos da esta auditoría no son compatibles con la expectativa que se había generado…”.
La pregunta que deja en el aire es: ¿Cuántos casos más no serán “huizapoles” que aun con espinas no alcanzarán a “tronar” a ningún ex funcionario de primer nivel de la era emilista?
