Desconcierto generó en las filas del Partido Acción Nacional la decisión del Ejecutivo de desarmar a la policía municipal de Cocula, municipio que gobierna, y que sea donde la policía estatal se haga cargo de la seguridad pública, al igual que en el  municipio de Casimiro Castillo.
Esto obligó a una reunión mañanera el día de hoy entre el dirigente estatal del PAN, Gustavo Macías Zambrano; el presidente municipal de Cocula, Félix Ibarra; el coordinador de los diputados locales, José Luis Munguía, con el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, a quien los panistas le cuestionaron las razones jurídicas que llevaron al Ejecutivo estatal a tomar esa decisión en el municipio que, coincidentemente, lleva el mismo nombre donde presuntamente fueron desaparecidos y posteriormente muertos los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, y cuya policía habría participado en este delito.
Ahí en esa reunión, Macías, Ibarra y Munguía le expresaron a López Lara su extrañeza por esa decisión que ha provocado también desconcierto e incertidumbre entre los elementos de esa corporación policiaca que de la noche a la mañana se vio “desmantelada” sin mayor explicación. Inclusive, las patrullas fueron traídas a Guadalajara con grúas, en tanto que los detenidos o reos que se encontraban en la cárcel regional de Cocula fueron tarsladados a las de Tequila y Ameca.
Los panistas que manifestaron también al Secretario General de Gobierno su inquietud del desarme a los uniformados municipales, toda vez que todos aprobaron los exámenes de control y confianza a excepción de uno que había solicitado ya su revaloración. Éste, junto con el segundo en el mando de la corporación, fueron detenidos y traídos a comparecer aquí ante la Fiscalía General del Estado, pero el resto de los policías no tienen cuentas pendientes.
En el transcurso de la charla, Roberto López les dio pormenores del procedimiento de esta decisión pero no justificó jurídicamente la medida, por lo que de no darse en los próximosm días, el gobierno municipal de Cocula recurriría a la controversia constitucional para dar marcha atrás al desarme de sus policías municipales.