¿Qué intereses llevan al diputado Salvador Barajas del Toro, presidente de la Comisión de Vigilancia, a mentir y generar con ello serios problemas al Congreso del Estado, como es el riesgo a incurrir en desacato de una instrucción del Poder Judicial?
¿Qué lo lleva a ser cómplice de algunos empresarios de la Coparmex -el ex presidente Pablo Lemus y el actual dirigente Oscar Benavides- para enrarecer el ambiente alrededor de la Auditoría Superior del Estado y de su titular Alonso Godoy Pelayo?
¿Por qué públicamente asegura que desconoce la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito sobre el juicio de inconformidad favorable al auditor Godoy Pelayo, si recibió del entonces director jurídico del Congreso, Antonio Rocha Santos, el oficio 5429/2012 de fecha del 17 de mayo pasado, donde se asienta la resolución del Tribunal?
¿Por qué miente públicamente si con fecha del 21 de mayo responde al entonces director jurídico del Congreso, Antonio Rocha Santos, aceptando que se le remitió precisamente ese oficio, el número 5429/2012, y además da respuesta a la solicitud que se le hizo al respecto? ¿O dirá que no leyó el Oficio 5429?
¿Por qué con sus mentiras dio pie a que el actual dirigente de la Coparmex, Oscar Benavides, hiciera el rídiculo al llevar al Congreso del Estado un cheque por 35 mil pesos para pagarle a la Universidad Autónoma de Nayarit la aplicación del exámen a los aspirantes a ser el auditor, si sabe que no puede hacerse por la resolución del Tribunal federal?
¿Por qué con sus mentiras se coludió con el ex presidente de la Coparmex, Pablo Lemus, para asegurar en una entrevista radiofónica el jueves pasado que la existencia de dicha resolución del Tribunal a favor del auditor Alonso Godoy era un simple rumor, porque nadie había visto dicho documento?
El Oficio 5429 -que tiene fecha del 16 de mayo del 2012-, en su quinto párrafo señala textualmente:
“En ese tenor, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recursos de revisión interpuesto por el precitado Alonso Godoy Pelayo, determinó que no obstante el amparo otorgado al quejoso Héctor Alberto Romero Fierro por el órgano colegiado auxiliar, lo cierto era que al ahí recurrente Alonso Godoy Pelayo le resulta el carácter de tercer perjudicado, pues tiene un derecho oponible al del quejoso y un interés director con la causa generadora del nombramiento de Auditor Superior de Justicia (procedimiento de elección de la persona que ocuparía ese cargo) de modo que debe reconocérsele tal carácter y llamarlo al presente juicio de amparo para que ejercite su derecho de audiencia y defensa, para lo cual ordenó reponer el presente procedimiento para esos únicos efectos…”.
Con fecha del 21 de mayo de este año, el diputado Salvador Barajas, en su calidad de presidente de la Comisión de Vigilancia, responde al entonces director jurídico del Congreso, Antonio Rocha Santos, lo siguiente:
“Aunado a un cordial saludo, sirva el presente ocurso para darle contestación a su oficio de fecha 17 de mayo del presente año, por el que me remite el oficio número 5429/2012 (las negritas son del redactor), que contiene el acuerdo recaído en el juicio de amparo 1821/2009 que se substancia ante el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa…”.
Si el propio Barajas del Toro reconoce que le fue remitido el oficio 5429 y éste oficio da cuenta de la resolución del Cuatro Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito que resolvió el juicio de inconformidad a favor del auditor Alonso Godoy Pelayo, ¿puede sostener su mentira de que nunca fue enterado de este asunto?
¿Puede seguir mintiendo de que a él nadie le ha notificado nada en contrario y que, por lo tanto, continúa con el proceso de reponer la elección del Auditor Superior del Estado?
Creo que el resto de los diputados debería de pedirle cuentas a Barajas del Toro del por qué su proceder en este caso, poniendo en riesgo al propio Poder Legislativo frente al Judicial, y las razones del por qué se ha coludido en este asunto, con las consecuencias negativas para el Congreso, con los empresarios Pablo Lemus y Oscar Benavides.