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El Bajío: los amparos que vienen…

Escrito por   /   11/09/2019 a las 6:00 am /   Sé el primero en comentar

Todo indica que con el decreto de protección para las 980 hectáreas que componen el polígono de El Bajío, incluído todo aquello donde ya hay construcciones, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez sacudió el avispero y advierten que se soltará un enjambre de amparos en su contra.

“El Bajío tiene dueños, ahora el reto del gobernador Enrique Alfaro será defender su decreto y convencer a los propietarios a ceñirse a él”, me comentó un especialista en la materia, quien advirtió que los propietarios de los predios de esa zona cuentan con un Plan Parcial que data de 2009 que les permite hacer uso de ellos y que cuentan con un derecho que harán valer.

Y en este tenor un promotor inmobiliario, que solicitó no mencionar su nombre ni la firma para la que labora, advirtió que la decisión del gobernador Alfaro de emitir el decreto que prohibe nuevas construcciones en la zona donde se encuentra la Villa Panamericana, el estadio de las Chivas, el fraccionamiento Ayomonte y varias escuelas más, ha generado una gran molestia e inconformidad entre los propietarios de predios en ese lugar y cuyos apellidos son bastante conocidos en el ámbito empresarial y social, y que no se quedarán de brazos cruzados.

En su pasado mensaje a través de sus redes sociales, el gobernador reveló que de las 980 hectáreas que componen El Bajío, 315 están totalmente urbanizadas, de las que sólo 16 hectáreas corresponden a la Villa Panamericana, y que entre 2012 y 2013 la urbanización creció un 400%, pasando de 58 a 237 hectáreas, “y desde entonces se han urbanizado un promedio de tres hectáreas anuales”, precisó.

Valga decir entonces que en su primer trienio como presidente municipal, Jesús Pablo Lemus otorgó permisos de urbanización para alrededor de nueve hectáreas.

Ayer durante un foro organizado por el ITESO y ante el reclamo de Luis Nieto -quien dijo ser representante de 400 propietarios de predios en El Bajío- porque el gobierno no los consultó sobre el mencionado decreto, el secretario de Medio Ambiente, Sergio Graf, reconoció lo que se da como un hecho que suceda: que los propietarios tienen el derecho legal de interponer un juicio de amparo.

Así, pues, mientras se concreta la negociación con los compradores de la Villa Panamericana -no existe impedimento alguno para que eso suceda-, el gobernador Enrique Alfaro tendrá que hacer gala de su habilidad para evitar que su decreto se venga abajo, que los propietarios de El Bajío queden satisfechos y para que su ya de por sí raquítica popularidad no siga hundiéndose.

Al tiempo.

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