La reacción que generó la derogación del Reglamento a los artículos que marcaban la ruta de gasto de la Partida 412 del Congreso del Estado y que correspondía a un monto de 92 mil pesos mensual a cada diputado para que cubriera gastos inherentes a su función, “encendió” las “luces rojas” en Casa Jalisco.
El sábado se convocó a una encerrona para analizar el tema, y si bien se concluyó que tanto la existencia de la Partida, como el destino de los recursos, así como la derogación del Reglamento, estaban sustentados legalmente, también se entendió y aceptó que este era un tema “satanizado” y que reglamentado o no, sería un tema que una y mil veces se utilizaría para “golpear” a los legisladores, dañando con ello aun más la ya de por sí lamentable imagen del Poder Legislativo.
Ahí, en esa encerrona, los participantes llegaron a la conclusión de que lo mejor era desaparecer la Partida 412, pero eso no sería posible si no se tenía el concenso de todos los diputados involucrados, de ahí que el sábado, domingo y parte del lunes por la mñana se llevó a cabo un intenso “cabildeo” para lograr dar este paso que, al parecer no fue posible.
Ya con este acuerdo, la dirigencia estatal del PRI convocó el domingo por la noche a una rueda de prensa para el lunes al mediodía, en la que daría a conocer el “acuerdo” al que habían llegado los integrantes de su fracción parlamentaria.
Pocos minutos después de esta convocatoria, supimos cuál había sido ese acuerdo: la desaparición de la Partida o la renuncia a recibir los 92 mil pesos. Lo uno o lo otro dependía de lo que se lograra avanzar en el cabildeo durante el fin de semana. Al parecer, no se logró el acuerdo pleno, por lo que el PRI decidió dar a conocer que sus diputados renunciaban a estos 92 mil pesos mensuales.
Ayer lunes, el único diputado del PRD que cobraba los 92 mil pesos, Enrique Velázquez, anunció públicamente que también renunciaba a los recursos de esta Partida, bajo el pretexto de que lo hizo ante la derogación del Reglamento para su uso.
Al PAN, al parecer, le costó más trabajo convencer a algunos de sus diputados que tendría un altísimo costo político si se quedaban como la única fracción parlamemtaria que cobrara los “satanizados” 92 mil pesos, de ahí que salió más tarde a anunciar la decisión tomada de también renunciar a recibir este monto.
El dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Monraz, reveló que había quedado con el PRI -no dijo con quién, pero por razones de paridad creemos que con el dirigente estatal del tricolor, Hugo Contreras-, de salir ante los medios a renunciar juntos públicamente a esta Partida, pero el PRI les “madrugó” si eso fue cierto.
Cierto o no ésto último, es lamentable que los diputados no hayan tenido la sensibilidad ni la visión para entender desde el inicio de su gestión que mantener un gasto destinado a las mal llamadas casas de enlace, que más bien fungían como casas de campaña, era una total incongruencia con el famoso Pacto de Austeridad que los coordinadores legislativos signaron y anunciaron a “tambor batiente” al asumir el cargo.
Hoy los diputados de todas las fracciones parlamentarias pagan las consecuencias y son obligados -nunca por voluntad propia- a renunciar a seguir cobrando los 92 mil pesos.
Sin duda que a muchos les dolío el “codo”; otros seguro hicieron berrinche a su coordinador; y algunos más hasta patalearon. Pero no les quedó otra: o renunciaban  cobrar un dinero que no tenía razón de ser o quedarían sumidos, aun más, en el desprestigio.
Mire que hubo a quienes no les importaba vivir en el desprestigio por echarse a la bolsa esos 92 mil pesos, pero no les quedó otra salida que renunciar a ellos.