En el decreto 23615/LIX/11, donde el Congreso del Estado aprueba reformar el artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 15, 80, 85 y 88 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría, para otorgarle facultades a la Comisión de Vigilancia para “devolver con observaciones a la Auditoría Superior por una sola vez, los informes finales de cuenta pública o estados financieros (…) que no fueron contemplados en el informe final”, se establece al final el artículo único transitorio que dice:
“El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco“.
Lo menos que puede hacer el gobernador Emilio González Márquez, para evidenciar la irregularidad en la que irresponsablemente incurrió el Congreso del Estado es vetar dichas reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco.
No es posible que el Ejecutivo estatal avale esta violación en que incurren nuestros diputados a la Constitución Política del Estado, que no sería la primera que cometan cuando el propio Mandatario tiene en su haber varios vetos más a iniciativas aprobadas por nuestros diputados que, al parecer, están empeñados en romper el record del mayor número de violaciones a nuestras legislación cometidas por los encargados de elaborarla.
La Constitución Política del Estado, en sus artículo 35, fracción XXV, inciso c), faculta al Congreso del Estado para que sea el que apruebe o devuelva con observaciones a la Auditoría Superior del Estado el proyecto de informe final de la revisión de las cuentas públicas de los sujetos fiscalizados.
Sin embargo, por quién sabe que sospechosas razones, el pleno pretende otorgarle esta facultad a la Comisión de Vigilancia, no obstante que la propia Constitución estatal establece en su artículo 35 bis que dichas facultades del Congreso -entre ellas la de aprobar o devolver las cuentas públicas- son ” soberana, inalienable e imprescriptible…”.
Por tal razón, lo menos que se puede esperar del Ejecutivo estatal es que no se preste a los oscuros intereses de algunos diputados que pretenden controlar políticamente las cuentas públicas, como se hacía anteriormente cuando la Auditoría Superior no contaba con la autonomía de la que hoy goza y las cuentas públicas se “lavaban” en la entonces Comisión de Inspección, hoy de Vigilancia.