En octubre pasado el contralor del Estado, Juan José Bañuelos Guardado, reveló ante los medios de comunicación que la dependencia a su cargo había detectado en el último año de gobierno de Emilio González Márquez presuntas irregularidades por 7 mil 573 millones de pesos.
El viernes pasado el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz dio a conocer que su administración ya había presentado las primeras denuncias ante la Fiscalía General del Estado por las presuntas irregularidades a las que se refirió semanas atrás Bañuelos Guardado, pero que no podía revelar detalles de las mismas por la investigación.
Meses atrás, el propio Contralor del Estado había despertado en los detractores del gobierno emilista expectativas de venganza al señalar que las irregularidades detectadas ascendían a poco más de cinco mil millones de pesos. Ahora el monto final creció a los poco más de 7 mil 500, lo que por supuesto ese apetito aumentó en los adversarios del ex gobernador.
Sin duda que la Contraloría estatal debió de haber detectado muchas de esas irregularidades que reveló -sin detalles- ante los medios de comunicación, algunos de los cuales observaron en esta información una “mina de oro” para destacarla de manera sensacionalista en sus principales espacios.
Pero quizás el Contralor fue más allá de las facultades que la propia ley le otorga.
Y es que preguntémonos: ¿Puede la Contraloría del Estado auditar los Organismos Públicos no Descentralizados? ¿Puede la Contraloría del Estado auditar los Ayuntamientos? ¿En qué parte de la ley se faculta a la Contraloría del Estado indagar, auditar, OPD’s y Ayuntamientos? ¿Acaso estos entes no cuentan con sus propios órganos de fiscalización?
Según la información, la Contraloría estatal detectó irregularidades por 3 mil 677 millones de pesos en cinco organismos descentralizados que significaron el 48 por ciento de las observaciones en total.
Sin embargo, la información de la Contraloría del Estado abre no pocas interrogantes:
Se auditaron 16 secretarías, 16 OPD’s y 29 municipios. ¿Por qué auditó organismos descentralizados y Ayuntamientos si la ley no la faculta?
Se realizaron 806 observaciones administrativas. ¿Cuántas a las Secretarías, cuántas a los OPD’s y cuántas a los Ayuntamientos?
Se realizaron 349 observaciones por riesgo de daño patrimonial. ¿Cuántas a las Secretarías, c`´antas a los OPD’s y cuántos a los Ayuntamientos?
Se realizaron 1,206 observaciones por daño patrimonial. ¿Cuánto corresponde a las Secretarías, cuánto a los OPD’s y cuánto a los Ayuntamientos?
Se realizaron observaciones a cinco entes auditados por desvío de recursos. ¿Cuántas Secretarías, cuántas OPD’s o cuántos Ayuntamientos?
El total de las observaciones realizadas en monto económico asciende a 7 mil 573 millones de pesos. ¿Cuánto corresponde de este total a cada ente auditado?
Si las irregularidades detectadas en 16 Secretarías, en 16 Organismos Públicos Descentralizados y en 29 Ayuntamientos auditados ascendieron a 7 mil 573 millones de pesos, ¿A cuánto ascendieron las observaciones? ¿Cuánto del total de las observaciones fueron solventadas ante la misma Contraloría? ¿Quién las solventó por parte de los OPD’s y quién o quiénes por parte de los Ayuntamientos auditados, que me imagino corresponden a las administraciones pasadas?
¿Fue correcta la actuación de la Contraloría del Estado en estas auditorías -de entrada, sin facultad para auditar los OPD’s ni Ayuntamientos-? ¿Qué tanto de esta actuación correponde a buscar más un efecto e impacto mediático? ¿Qué tanto de esta actuación es resultado más de una presión por los tiempos legales y lo importante era lanzar una cifra que impactara en los medios y en la ciudadanía?
Habría que poner mucha atención en estos “hilos” finos del trabajo de la Contraloría del Estado, pues si bien el gobierno de Emilio González Márquez tiene muchos lados cuestionable y motivos para ser criticado, mal estaríamos si la labor del contralor Juan José Bañuelos Guardado no se limita a lo que la ley le faculta y va más allá, reitero, por su afán de provocar un efecto mediático.
Al tiempo.