El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Enrique Velázquez, durante la sesión de ayer hizo dos planteamientos:
Uno, que se instruyera a la Comisión de Vigilancia para que en la próxima sesión remita al pleno el dictamen de la Cuenta Pública 2009 del Congreso del Estado que tiene cargos por 280 millones de pesos.
Dos, que se solicite a la Auditoría Superior del Estado dé cuenta del estado que guarda la Cuenta Pública 2010 del Poder Ejecutivo.
Si bien el primer planteamiento tiene como propósito corregir un error de procedimiento en el que incurrió la 59 Legislatura, el segundo demuestra simplemente que nuestros diputados no se informan antes de hablar para no correr el riesgo de ser evidenciados.
En una palabra, parece que nuestros diputados llegan a las sesiones del pleno “en blanco” y es ahí, en su curul, cuando se les “ilumina” la mente y entonces hacen uso de la palabra.
Sucede que esta Cuenta Pública del 2010 tiene su historia y, por supuesto, no fue ajena a los intereses políticos de la pasada Legislatura y de los problemas preelectorales de este 2012.
La Cuenta Pública 2010 el Ejecutivo fue enviada por la Auditoría Superior del Estado a la Comisión de Vigilancia, entonces presidida por el priista Salvador Barajas del Toro, sin cargo alguno, luego de que tras las observaciones que se le hicieron por varios millones de pesos aquellas fueron solventadas en tiempo.
Sin embargo, la Comisión de Vigilancia hizo algunas observaciones a dicha cuenta que no fueron aprobadas por el pleno del Congreso, por lo que se aprobó sin cargos.
Pero ocurre que entonces el diputado Barajas del Toro propuso que se regresara a la Auditoría Superior para una nueva revisión, procedimiento que fue cuestionado por el diputado José María Martínez al no existir observaciones que justificara su devolución al órgano de revisión.
El pleno, sin embargo, aprobó su devolución a la Auditoría, pero sin observación alguna.
Ante esta situación irregular, se conoció que la Auditoría tuvo en su poder por un tiempo razonable dicha cuenta, pero al no existir observación alguna sobre la cual trabajar, entonces la regresó al Congreso del Estado. Esto habría sucedido hacer cuatro meses, aproximadamente.
De esta manera es que la Cuenta Pública de la que el diputado Enrique Velázquez pide se le solicite información a la Auditoría Superior, se encuentra en poder del Congreso del Estado… ¡desde hace cuatro meses! Ahí “duerme el sueño de los justos”.
Y ahí está porque, simplemente, es una cuenta pública ya aprobada por el pleno.
O sea que el legislador perredista debe de pedir cuentas a la Comisión de Vigilancia, que seguramente tiene en su poder esta cuenta.