Si alguien creía que las cúpulas empresariales estaban únicamente de testigos “mudos” en la etapa que hoy se registra respecto al proceso para crear y consolidar el Sistema Estatal Anticorrupción, concretamente con el nombramiento de los nuevos funcionarios que lo conformarán, se equivocó.
La declaración que anteayer hizo el presidente de la Coparmex, Mauro Garza, de aplaudir la decisión del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, de retirar la terna que propuso para elegir al nuevo fiscal anticorrupción y referir que “nosotros sí veíamos con extrañeza que pudiera existir un algún perfil que no se hubiera sujetado a los criterios que marcó el Consejo de Participación Social; que bueno que se haga ésta cuestión (sic)”, significa que el sector privado no quita “el dedo de renglón” para verificar que las designaciones no sean cuotas partidistas.
De acuerdo a fuentes cercanas a éstas cúpulas, al revelarse los nombres de los tres candidatos propuestos por el titular del Poder Ejecutivo para ser el fiscal anticorrupción, las luces de alerta empresariales se encendieron y motivaron una reunión prácticamente con carácter de urgente entre ellas no, sólo para acordar una postura al respecto sino, incluso, para analizar la conveniencia de un encuentro con el gobernador Sandoval Díaz.
Ignoro si éste encuentro tuvo lugar o no, pero lo que sí sabemos es que antes de solicitarle al Congreso del Estado que dejara sin efecto la terna que les presentó porque uno de sus integrantes -Andrés Talamantes, el señalado para ser el nuevo fiscal-, se negó o rechazó someterse a la evaluación propuesto por el CPS y presentar su declaración “3 de 3”, el titular el Mandatario estatal escuchó la postura de los hombres de empresa.
Y en éste contexto, trascendió el nombre de uno de los probables aspirantes a presidir la Fiscalía Anticorrupción en la segunda terna que el gobernador enviará al Poder Legislativo. Se trata de Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, académico de la Universidad Panamericana y especialista en Administración y Seguridad Pública, y quien aparece en el lugar número 17 de la lista de aspirantes que aprobó el Consejo de Participación Social.
Habrá que esperar a que el Congreso del Estado agote el procedimiento que establece la convocatoria para desechar la terna inicial, seguramente al no alcanzar ninguno de sus integrantes el apoyo de las dos terceras partes del pleno, para conocer el nombre de quienes integrarán la siguiente terna y confirmar si fue o no tomado en cuenta De la Cruz Tovar.
Sin duda, pues, que la vigilancia de las cúpulas empresariales de Jalisco al proceso de designación de quienes conformarán el Sistema Estatal Anticorrupción considerará que los aspirantes a ocupar los cargos en juego cumplan con los requisitos -todos- que establece la ley, en donde estará incluída la designación de quien aspire a encabezar la Auditoría Superior del Estado y para lo que se coloca a la actual presidente del Instituto de Transparencia, Cynthia Cantero Pacheco, quien está en el supuesto de dos de los que integraban la terna retirada por el gobernador: el conflicto de intereses y el incumplimiento de los años de experiencia en la materia, como lo hemos documentado ampliamente en Marcatextos.
Así, pues, si los dirigentes empresariales reaccionaron y se movieron estratégicamente a tiempo para influir en la decisión de no entregar la Fiscalía Anticorrupción a intereses partidistas, esperamos que hagan lo mismo en lo que corresponde a quienes serán designados al frente de la ASEJ y de la Sala Superior del Tribunal Administrativo, y cuyos nombres ya se dan por seguro de que serán impuestos.
Y si no, al tiempo.