Si algo histórico sucedió realmente estos días en Jalisco, fue la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar la reforma constitucional en el estado para reducir el financiamiento público a los partidos políticos que aprobó el Congreso estatal y que armó la tripleta PRI-Jorge Aristóteles Sandoval-Pedro Kumamoto, en una jugada diseñada en aquel encuentro entre el gobernador del estado y el diputado sin partido en Palacio de Gobierno.
Recuérdese que en aquella sesión se aprobó la mezcla de la propuesta de Kumamoto Aguilar y la enviada por el gobernador Sandoval Díaz, ligeramente modificada de como fue enviada originalmente en cuanto al porcentaje que deberían de recibir los partidos políticos y que refería fuese del 0.01 por ciento.
La aprobación de esta iniciativa fue impugnada ante la Suprema Corte por los partidos Verde Ecologista, Nueva Alianza y Morena, los que ayer recibieron un sorpresivo revés. Y digo sorpresivo porque el ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, coincidía en su resolución que la iniciativa y reforma constitucional del estado era inconstitucional a nivel federal e invadía las facultades legislativas del Congreso de la Unión.
Al conocerse el fallo del ministro Pardo Rebolledo, se presumía y daba por hecho que en el mismo sentido se pronunciaría el resto del pleno de la Corte y, por tanto, la permanente sonrisa en el rostro de Pedro Kumamoto desaparecería.
Pero no fue así, pues solamente en la misma tesitura del ministro ponente se pronunciaron otros tres de sus colegas: Margarita Luna Ramos, Eduardo Medina Mora y el presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales.
Sin embargo, los siete ministros restantes tuvieron un posicionamiento contrario y argumentaron que la reforma en Jalisco para reducir el monto del financiamiento público estatal era válida por el derecho a la libre autodeterminación que tienen los estados y que no se desprende de la redacción de los artículos contradicción alguna con las leyes generales en materia electoral.
Con la resolución de la Corte, se confirma la forma en que los partidos políticos recibirán del erario estatal su financiamiento:
1. En años no electorales: Se multiplicará el número de electores en el padrón por el 20% del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
2. En año electoral: Se considerará el total de votos válidos obtenidos en la elección previa de diputados por el 65% de UMA.
Así, pues, en términos de beneficio social, de beneficio real para los jaliscienses, lo verdaderamente histórico es que una gran parte de sus impuestos -se calcula que alrededor de 550 millones de pesos- ya no se depositarán en los “bolsillo” de los partidos políticos y la obligación de los gobernantes será destinarlo a obras de beneficio a la sociedad.
Por cierto, hasta el momento no he escuchado ni un solo aplauso alfarista a la resolución de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué será?