A ver: con el propósito de que la democracia en México fuera plena, se fundó un organismo ciudadano que organizara y realizara las elecciones en nuestro país, integrado por ciudadanos y donde el gobierno no “metiera la mano”.
Esto se replicó a nivel estatal, donde se crearon los Consejos o Institutos Electorales a los que ahora se les ha añadido aquello de “Participación Ciudadana”.
Para evitar que el Ejecutivo manipulara a su gusto a este organismo –nacional y estatal-, se estableció que debería de ser el Legislativo el que aprobara quiénes deberían de ser los integrantes de dichos organismos electorales, fundamentándose en que fueran individuos cuya honestidad e imparcialidad estuviera fuera de toda duda.
El propósito se cumplió plenamente al inicio. En el IFE, sus primero integrantes aun son extrañados por su capacidad, honorabilidad e imparcialidad con que organizaron y efectuaron las primeras elecciones que tuvieron a su cargo.
Aquí en Jalisco, no solamente los primeros integrantes de lo que entonces fue el Consejo Electoral del Estado cubrieron plenamente los requisitos, cualidades o calificativos anteriores, sino que sumaron aquello de “honoríficos”; esto es, que cumplieron su papel sin que hubiera un pago, un sueldo o un salario de por medio.
En una palabra, lo hicieron de manera gratuita, con verdadero sentido de responsabilidad ciudadana de lo que significaba tan alto honor y reconocimiento.
Pero después de lo anterior, estos organismos se hundieron en el desprestigio, la descalificación y la desconfianza, y todo porque fueron “secuestrados” por los partidos políticos desde el Poder Legislativo, donde a través de sus representados, o séase los diputados, terminaron por repartirse el “botín” y designar como consejeros electorales a “ciudadanos” con claros intereses partidistas… dígase lo que se diga.
La verdad que es de risa esta historia…
Primero, se desconfió –con toda razón- del Ejecutivo para organizar y realizar los procesos electorales y se le entregó esta tarea al Legislativo; ahora se desconfía –con toda razón- del Legislativo para organizar y llevar a cabo las elecciones, porque los integrantes de los organismos electorales terminaron ser más que representantes “ciudadanos” representantes “partidistas”…
Ah, pero la desconfianza hacia el Legislativo no es sólo en función de a quién designan –en el reparto del “pastel” electoral- como consejeros electorales sino hasta en su imparcialidad para… ¡aplicar un examen a los aspirantes!
Deveras que esto es ya el colmo… dígase lo que se diga.
Y es por eso que ahora alguien tuvo la “sesuda” idea de proponer y aprobar la integración de un Comité de Evaluación que calificará a los aspirantes a integrar el próximo Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y que entrarán en funciones el próximo uno de junio.
Se ha propuesto que dicho Comité sea integrado por representantes de universidades, organismos empresariales y la denominada “sociedad civil”, como si, de entrada, los representantes de universidades y empresariales no fueran parte de esa “sociedad civil”.
Pero ojo: cuando se dice que formen parte del Comité representantes de la “sociedad civil”, significa entonces que quienes representen a las universidades y organismos empresariales lo harán pensando y actuando en función de los intereses de quienes representan y no de la ciudadanía en general.
¡Vaya absurdo!
Ante este escenario yo pregunto: ¿Quién asegura que ya designados consejeros electorales los “suertudos” no tendrán intereses partidistas a los cuáles responder?
¿Acaso el que sean evaluados por un “Comité de Evaluación” los hace “puros y santos” como para confiar que no actuarán como a quienes sucederán en el cargo?