¿Fue la de la Coparmex “la mano que meció la cuna” y obligó a la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano a salir sorpresivamente el miércoles pasado a declarar a los medios de comunicación que no votarían -habló de “ratificación”- a favor del auditor Alonso Godoy Pelayo para que en caso de contender cubriera un nuevo período de siete años al frente de la Auditoría Superior del Estado?
¿Fue concretamente el vicepresidente nacional del sindicato patronal y ex presidente del entonces llamado Centro Empresarial de Jalisco, Juan Arturo Covarrubias Valenzuela, el operador de esta decisión del grupo alfarista y cuya rueda de prensa encabezó el  coordinador de la bancada “naranja”, Ismael del Toro Castro, y el alcalde de Zapopan, Jesús Pablo Lemus -expresidente de la Coparmex-, uno de los principales detractores de Godoy Pelayo?
En este marco -más allá de los señalamientos que se han hecho en contra del auditor superior-, no debe de ignorarse lo que en junio de 2011 declaró el titular de la ASEJ. Dijo:
“Hay fraccionadores que deben miles de millones de pesos a las arcas municipales (…). En Zapopan -ojo en el municipio aludido-, quedaron a deber 800 millones de pesos…”. Esta deuda de fraccionadores fue durante la administración del alcalde Juan Sánchez Aldana.
En aquella ocasión el auditor señaló: “Que digan (los empresarios que se convirtieron en sus detractores) si son socios o no de aquellos fraccionadores que adeudan (al Ayuntamiento)…”.
Un mes después, en julio del mismo año, reiteró: “Tan solo en el caso de Zapopan, en una cuenta pública (de Sánchez Aldana) se aplicaron cargos por 1 mil 300 millones de pesos, entre los que estaban esos 800 millones de pesos que se refieren a cantidades que no se cobraron debidamente por nuevos fraccionamientos; son 800 millones de pesos que no entraron a las arcas municipales…”.
Y luego agregó:
“En este asunto de los fraccionamientos aparecen nombres de empresas, de empresarios de apellidos no muy comunes ni familiares que nos cuesta trabajo pronunciar… aparecen nombres interesantes”, nombres y apellidos que, por supuesto, legalmente el funcionario estatal está impedido a hacer públicos.
En agosto de 2012, volvió a declarar ante los medios de comunicación: “Yo invitaría a las cúpulas empresariales a que digan si alguna ha recibido o no apoyos por parte de la Federación o del Estado; a que hagan una rueda de prensa y digan si han recibido o no recursos públicos para remodelar sus oficinas particulares…”.
Con estos antecedentes y el intenso activismo que en contra del auditor realizaron los ex dirigentes de la Coparmex, Lemus Navarro y Oscar Benavides, así como ex dirigentes de la CANACO y del Consejo de Cámaras Industriales, e incluso algunos vástagos de empresarios en plantones frente a la anterior sede de la ASEJ, ¿resulta descabellada la versión sobre de quién es “la mano que meció la cuna” para que Movimiento Ciudadano diera el “madruguete”?
Reitero: Más allá de los señalamientos en contra del titular de la ASEJ, quizás todo sea cuestión de pasar lista de los fraccionadores, con sus nombres y apellidos; quiénes de ellos y cuántos levantaron fraccionamientos en Zapopan, por ejemplo, para ubicar a quiénes, con la c0mplicidad de la entonces autoridad municipal, no pagaron a las arcas del municipio esos 800 millones de pesos que quizás bien valieron “mecer esa cuna ‘naranja'”.
Claro, sin descartar otros “ajustes de cuentas” pendientes en contra del auditor superior.