(Columna Entre Semana publicada hoy en El Diario NTR Guadalajara)

La semana pasada referí –lunes 27 y martes 28 de agosto- que los diputados antes de irse pretenden “lavar” la Cuenta Pública 2015 del alcalde de Zapopan, Jesús Pablo Lemus Navarro, a quien la Auditoría Superior le impuso cargos por mil 282 millones de pesos, de los cuales mil 268 millones son por no haber cobrado a desarrolladores inmobiliarios el monto por licencias y derechos.

Subrayé que la decisión del pleno de regresar esa Cuenta Pública  violaba la ley porque la Comisión de Vigilancia no la dictaminó en el plazo de 9 meses que le obliga la Ley de Fiscalización; no cumple con las causales para regresar un informe final; y no se cumplió con el procedimiento de someterla al Pleno para su aprobación en los términos en que la envió la ASEJ.

El presidente de la Comisión, Hugo René Ruiz Esparza, negó que dicha Cuenta se haya dictaminado fuera del plazo legal y que la sesión se llevó a cabo el 21 de noviembre de 2017.

Sin embargo, el acta de esta sesión –cuya copia me hizo llegar el propio Ruiz Esparza- registra inconsistencias que ponen en duda la veracidad de lo que ahí se asienta y de que en los hechos se llevó a cabo, como el que esté firmada por diputados… ¡que NO asistieron! Y que… ¡no aparezca la firma de algunos legisladores que supuestamente sí asistieron!

La Comisión de Vigilancia la integran 12 diputados, de los cuales presuntamente asistieron ocho: Hugo René Ruiz, Jorge Arana, Hugo Contreras, Antonio López Orozco, Kehila Ku Escalante, Anahí Olguín Rojas, Mario Castellanos Ibarra y Felipe Romo Cuellar. Ruiz Esparza dio cuenta de la ausencia de los diputados Omar Hernández, Juana Ceballos, Saúl Galindo y Martha Barajas del Toro.

En el orden del día, en el numeral V, se propuso: “Análisis, discusión, y en su caso aprobación de los dictamen (sic) de cuentas públicas (…) las cuales fueron remitidas a esta comisión por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco…”. Y con el número “5.67”, el último, se anotó la 2015 de Zapopan.

Luego, Ruiz Esparza puso a consideración “los informes finales de cuentas públicas con cargo y que por ser primer informe y tener documentación aclaratoria se regresarían a la Auditoría Superior”, entre ellas la “5.67 Zapopan”. Y se aprobó “por unanimidad”.

Pero, ¿qué creen? Que esta acta de la sesión de la Comisión de Vigilancia fue firmada… ¡por tres de los cuatro diputados ausentes! Ahí están las firmas de Martha Susana Barajas del Toro, Juana Ceballos Guzmán y Omar Hernández Hernández. ¿Por qué firmaron el acta de una sesión a la que no asistieron y con ello avalaron algo que ignoraban?

En cambio, no aparece la firma de quienes se presume asistieron: Hugo Contreras, Mario Castellanos, Antonio López y Kehila Ku. ¿Por qué no firmaron para validar lo tratado en esa sesión?

Pero algo más: En la Gaceta Parlamentaria de la página webb del Congreso, del 21 de noviembre de 2017, no está registrada en agenda la sesión de la Comisión de Vigilancia y sí una sesión extraordinaria del Pleno, otra de la Comisión de Responsabilidades y la del Comité de Adquisiciones. Tampoco aparece la información con la que esta Comisión suele informar de sus sesiones, como el orden del día y los asuntos a tratar en específico.

Entonces, ¿cómo comprueban en los hechos que sí se realizó la sesión de la Comisión de Vigilancia en el plazo que marca la Ley?

Algo más grave: ¿Qué “documentación aclaratoria” se adjuntó? ¿Por qué no se dio cuenta pormenorizada de esta documentación que justificara proponer su regreso? ¿Qué “aclaraba” esta documentación? ¿Por qué sin cuestionamiento alguno los diputados aprobaron se regrese a la ASEJ? ¿Confirmaron los diputados que esa “documentación aclaratoria” existiera en verdad y lo hiciera?

Pero no hay nada que aclarar. Sólo les urge “lavarle” la cuenta pública 2015. Y hay más.