Gracias a que el pasado jueves 11 se hizo pública, a través del diario Mural, la queja interpuesta por una de las dos empresas concursantes en la licitación pública de Laboratorio y Bancos de Sangre para el OPD Servicios de Salud Jalisco, que advertía que las bases de la licitación dirigían la compra a favor de la otra empresa, se evitó un nuevo escándalo al gobierno del Estado similar -aunque en menor monto- al desatado por la adjudicación del arrendamiento de maquinaria pesada para el campo y que hoy investigan la Contraloría del Estado y la Fiscalía Anticorrupción.

En esta licitación para pruebas de Laboratorio y de Banco Integral de Sangre participaron las empresas Intermet, SA de CV y Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, SA de CV, que desde hace cinco años presta el servicio para la primera y hace dos para la segunda, al ganar los correspondientes concursos públicos.

Ahora en esta ocasión, para Pruebas de Laboratorio la empresa Intermet cotizó en 298 millones 83 mil pesos, en tanto que GAP lo hizo por 295 millones 124 mil pesos; mientras que para el Banco de Sangre la primera cotizó en 7 millones 827 mil pesos y la segunda en 7 millones 32 mil pesos, una diferencia de sólo 795 mil pesos.

Sin embargo, en la junta aclaratoria del 20 de marzo la empresa GAP cuestionó algunos productos requeridos en la convocatoria que únicamente tiene la empresa Impromed, quien comparte domicilio con la concursante Intermet y que está señalada de incurrir en prácticas monopólicas, a decir del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Del cuestionamiento en la junta aclaratoria la empresa GAP pasó a la queja formal ante la Contraloría interna de la Secretaría de Salud Jalisco y que fue enviada a la Contraloría General del Estado, que realizará la investigación correspondiente.

Tanto la empresa GAP como Intermet cumplieron con todos los requisitos establecidos en la convocatoria, y la única diferencia entre una y otra es que la primera ofertó a un precio menor que la segunda, aunque GAP tuvo razones suficientes para presentar la respectiva queja por presumir que la licitación estaba dirigida a favorecer a su competencia. Y tan la presunción es cierta, que la Contraloría del Estado aceptó y le dio entrada a dicha queja formal.

Al hacerse pública la queja y la razón de la misma: inducir la licitación a favor de una de las empresas concursantes -Intermet, SA de CV-, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez ordenó a la Secretaría de Administracion suspender la licitación y a la Contraloría investigar los señalamientos en contra de la misma empresa y el por qué la empresa GAP redujo sus precios en 20%, lo que le generó en lo personal sospechas de que en años anteriores vendió a sobreprecio, pero sin fundamentos de por medio más que una mera suposición.

Ante lo anterior, la empresa GAP respondió con un desplegado publicado en varios periódicos donde claramente explica que “en estas dos licitaciones logramos ofertar económicamente un 10% -y no de un 20%- a la baja nuestros servicios”, debido a “que parte de la infraestructura instalada con la que se cuenta para prestar el servicio ha sufrido como cada año su depreciación fiscal, adicional a que en ambos concursos los requerimientos técnico-operativos se encuentran inferiores a los que se había venido solicitando en las a teriores licitaciones”.

¿Desde cuándo se cuestiona que una empresa rebaje sus precios y se le descalifique por éste hecho, si cubre la calidad y demás requisitos requeridos en una convocatoria? Por el contrario, si cumple con los estándares de calidad que demanda un sector tan importante como el de Salud -y que debe cumplirlos por ser quien actualmente presta estos servicios-, ¿no es entonces una ventaja para las arcas estatales, pero principalmente de beneficio para la población a la que se le prestan estos servicios?

Inclusive, de acuerdo a los archivos, en 2018 la empresa GAP obtuvo la licitación en el rubro de pruebas de laboratorio con una oferta de 282 millones 128 mil 215.90 pesos contra la presentada por la empresa Estrategia Hospitalaria, SA de CV que fue de 395 millones 600 mil 485.22 pesos.

Y en este caso, la diferencia entre lo ofertado por la empresa GAP e Intermet, es de poco más de tres millones de pesos menos para la primera.

Pero no sólo eso, en su desplegado, la empresa GAP destaca que las deudas del gobierno han ascendido a más de 350 millones de pesos y que, no obstante eso, ha planteado una propuesta de “quita” con la pasada administración estatal sin menoscabo de la calidad y oportunidad del servicio, “ya que nunca ha existido una negativa en la prestación de los servicios”.

GAP, la empresa que es cuestionada por ofrecer este año sus servicios a un precio más bajo que los anteriores, argumenta a su favor en el desplegado que con lo que ha invertido en el sector salud de Jalisco se cuenta “con un laboratorio clínico robotizado de mayor capacidad resolutivas, uno de los laboratorios estatales de salud pública con más diagnósticos implementados y con uno de los pocos Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea acreditado bajo la norma EMA 15189”, además del “laboratorio de respaldo analítico” en Zapopan.

¿Será Jalisco el primer estado del país que descarte en una licitación a una empresa que cumple todos los requisitos establecidos en la respectiva convocatoria, sólo porque ahora oferta un costo por debajo de lo que ofertó en los años anteriores cuando ganó las licitaciones y ninguna de sus contrapartes impugnó el proceso?

Sin duda la Contraloría del Estado tiene otra “papa caliente” en sus manos y deberá de resolverla de manera tal que no quede en duda su imparcialidad, independencia y autonomía, principalmente cuando el tema de las licitaciones se encuentran en el “ojo del huracán” en la actual administración de Alfaro Ramírez.