¿Existe alguna responsabilidad en el gobierno de Emilio González Márquez, cuando se ha empeñado una y otra vez en construir las instalaciones panamericanas en lugares legalmente inviables?
Tal vez esta pregunta deberían hacerse los dirigentes de las cámaras empresariales cuando buscan a los enemigos y boicoteadores de los Juegos Panamericanos.
No se equivoquen, ha sido el gobierno estatal -quien monopoliza el control de los Panamericanos en Jalisco- el que escogió indebidamente la Barranca de Huentitán, el bosque de La Primavera, el Parque Morelos y El Bajío para tratar de imponer, al margen de las leyes, edificaciones que en ninguno de estos casos cumplen con las normas vigentes.
Los ciudadanos, mediante diversas representaciones, lo único que han exigido en los tribunales y otras instancias es que se cumplan las leyes, ¡no que los Juegos Panamericanos no se realicen!
La no realización de dichos proyectos no obedece a la existencia de personajes o grupos empeñados en que los Panamericanos no se realicen, sino a la insensibilidad de quienes, sabiendo la inviabilidad jurídica de dichos proyectos, se empeñaron en tratar de imponerlos.
Si los dirigentes empresariales realmente están preocupados por el prestigio de Jalisco y por el lucimiento del estado con los Panamericanos, deberían estarle pidiendo cuentas al gobierno de Emilio González Márquez y a los demás responsables de la COPAG, en lugar de buscar enemigos que no existen y tratar que la justicia se acomode a los intereses particulares.
Bien valdría la pena que con la misma energía que se le fueron encima al Tribunal Administrativo del Estado, pidieran una auditoria a las gestión de quienes son los responsables de los Juegos en Jalisco.
Porque cuando buscan a los boicoteadores de los Juegos Panamericanos, realmente están volteando al lado equivocado.
