Al inicio de la actual Legislatura, el pleno aprobó la creación de una Comisión Especial temporal -integrada por un diputado de cada fracción parlamentaria-, para que hiciera una revisión de lo que habían heredado de la legislatura anterior. Tuvo una vigencia, si no me equivoco, de dos semanas.
Entre las “sesudas” conclusiones a las que llegó esta Comisión Especial fue que de 219 basificaciones de igual número de empleados del Congreso, realizadas por la 59 Legislatura, únicamente nueve se habían hecho de manera legal y que 210 no, que eran ilegales e irregulares.
Curiosamente, esta conclusión coincidió con lo que días antes había publicado un diario local: que de 219 trabajadores basificados, sólo nueve fueron de manera legal.
La famosa Comisión Especial nunca explicó o desmenuzó cómo es que había llegado a esa conclusión, cómo lo habían comprobado, a qué documentos tuvieron acceso para hacer luego, de manera pública, dicha declaración, ni nada que fundamentara lo dicho. Simplemente lo declararon ante los medios y ya.
Esta Comisión entregó sus conclusiones al pleno del Congreso, entre ellas la presunta irregularidad de 210 basificaciones.
Y con esta información, algunos diputados salieron ante los medios de comunicación a “rasgarse las vestiduras” exigieron casi “linchar” a los empleados basificados.
Pero algo sucedió porque de repente comenzaron a modificar el discurso y “bajarle” a la “satanización” de los basificados. Como que ya no les “checó” que fuera cierto eso de que 210 basificaciones fueron realizadas ilegalmente, alegando que los beneficiados no habían cumplido los tres años y medio de antigüedad, punto que no es requisito de ley para obtener la basificación.
Les “cayó el veinte” y ayer el pleno decidió “tirar a la basura” la conclusión de la Comisión Especial, ordenándole a la Secretaría General que hiciera una investigación sobre cada una de las basificaciones para confirmar si fueron otorgadas legal o ilegalmente, con lo que recularon a su primera postura y reflexionaron respecto a que quizás “metieron la pata” en este asunto.
La Secretaría General no tiene plazo alguno para concluir la revisión de las 219 basificaciones, pero les puedo adelantar que concluirá que todas fueron otorgadas legalmente.
Y si no, al tiempo.