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Sala Superior del TJA: Y se “abolló” la “joya de la corona” anticorrupción

Escrito por   /   31/08/2018 a las 6:00 am /   Sé el primero en comentar

Con la resolución del del juez noveno de Distrito en Materias Administrativas y de Trabajo, Fernando Rochin Díaz, de otorgar el amparo al magistrado Armando García Estrada y ordenar al Congreso del Estado la reposición del proceso de elección de dos magistrados para la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, se confirma la ilegitimidad con que venían fungiendo Avelino Bravo Cacho y José Ramón Jiménez Gutiérrez.

Bravo Cacho y Jiménez Gutiérrez, dos de los tres magistrados que deberían integrar la Sala Superior del TJA, actuaron y pusieron en funcionamiento una instancia violentando lo establecido por el artículo 67 de la Constitución del Estado que establece lo siguiente: “El Tribunal de Justicia Administrativa se integrará por una Sala Superior conformada por tres magistrados; así como de salas unitarias que tendrán la competencia que establezca la ley”.

Al haber sido elegidos sólo dos de los tres magistrados que deben de integrarla, la Sala Superior del TJA simplemente no existe, pero aún así ambos magistrados tomaron decisiones, actuaron y resolvieron casos indebidamente. Pero no sólo eso, sino que han designado a personal que presuntamente está vinculado con actos de corrupción o para suplir a quien no existen.

Y destacan las irregularidades al interior de la Sala Superior y la resolución del Juzgado de Distrito, porque los diputados de la 61 Legislatura y organizaciones ciudadanas nos “vendieron” la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa como “la joya de la corona”, el último eslabón, del Sistema Anticorrupción.

¿Pero qué sucedió? Que como un castillo de naipes todo se vino abajo, por la fragilidad de las piezas que se colocaron con quién sabe qué intereses, con la resolución del juez Rochin Díaz y que aún puede impugnar el Congreso estatal en una segunda instancia. Pero las irergularidades cometidas en la integración de esta Sala Superior ya quedaron evidenciadas.

Si bien ya hay una sentencia -reitero, que aún puede ser impugnada- de un Juzgado de Distrito sobre el futuro de esta Sala Superior, no estaría por demás conocer cuántas procesos sancionatorios contra la corrupción de servidores públicos han tramitado Bravo Cacho y Jiménez Gutiérrez desde enero que asumieron el cargo. Hasta el momento, nada ha trascendido o se ha hecho público oficialmente.

Asimismo, bueno sería saber si a estos procedimientos sancionatorios se le dan un trato igual que otras demandas que son remitidas a la Oficialía de Partes del Tribunal para que sean asignadas de manera aleatoria o son seleccionadas para turnarse a donde mejor convenga por instrucciones de esa Sala Superior.

Reitero que con la resolución del Juzgado de Distrito, quedó evidenciado el irregular procedimiento para la elección de los magistrados Avelino Bravo y José Ramón Jiménez, pero no porque se ordenó a los diputados reponer el proceso de elección debe darse “borrón y cuenta nueva” a lo sucedido durante su tiempo de gestión, pues hay una serie de hechos irregulares que no pueden ser ignorados y la sociedad debe ser, además, informada del trabajo que realizaron ambos magistrados y de la forma en que lo hicieron.

Y pensar, sí, que esta Sala Superior nos la presumieron como “la joya de la corona” anticorrupción.

Allá aquellos que se lo creyeron…

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