No obstante que todos los gobernantes -en los ámbitos nacional, estatal y municipales- nos dicen una y otra vez que está “preocupados y ocupados” por el tema de la seguridad pública, lo cierto es que todos acaban regateándonos los recursos y la atención que tan grave tema requieren.
Quienes conocen de estrategia de guerra coinciden que para vencer se necesitan tres cosas: una fuerza superior a la del enemigo, una buena estrategia y la capacidad de ejecutar eficientemente dicha estrategia.
El serio problema es que al día de hoy ninguna de las tres existe, por lo que resulta evidente que no podemos tener expectativas positivas al respecto.
¿Cómo estamos hoy? El diagnóstico es desolador. La seguridad no mejora, empeora. No hay confianza ciudadana de que la seguridad y la justicia vayan a conseguirse en el corto o mediano plazo, la mayoría de los delitos quedan impunes y los delincuentes tienen más ventajas que las víctimas y los ciudadanos que sí cumplen con las leyes.
¿Contra quién peleamos? Enfrentamos delincuentes que no están sujetos a cumplir la ley, mientras las autoridades responsables de combatirlos (por lo menos en el papel) están obligados a apegarse a la legalidad; peleamos contra grupos delictivos que tienen muchos recursos económicos y mucho de ese dinero lo gastan en sicarios, armas y tecnología para violar la ley. La delincuencia no tiene fueros ni zonas de acción mientras que las instituciones están limitadas por cuestiones territoriales o de competencias. La delincuencia tiene una gran capacidad corruptora y en nuestras instituciones hay una fuerte tendencia a la corrupción.
Y todo esto se agrava mientras los gobernantes nos regatean año con año los recursos que realmente se necesitan para la seguridad y mientras se desentienden del asunto.
Claro si hay un incidente que genere mucho ruido en los medios y en la opinión pública, organizan rápido una “reunión de seguridad”, se toman la foto con el fiscal, con los jefes policíacos y con los mandos del Ejército, y adiós, inmediatamente vuelven a lo mismo, a desatender el tema.
Por eso tenemos gobiernos que nadan de muertito, que administran el problema de la inseguridad para pasárselo al que sigue igual o peor que como lo recibieron.
Para revertir todo esto se necesitan policías municipales, estatales y federales que hagan el trabajo preventivo, que estén presentes en cada rincón del estado, porque la delincuencia sí está por todas partes. Se necesita una policía investigadora suficiente y realmente capacitada, para que pueda perseguir con prontitud y eficiencia a los delincuentes, necesitamos una suficiente cantidad de técnicos forenses para que apoyen a la investigación del delito, muchos más agentes del Ministerio Publico, jueces y magistrados, así como personal en los tribunales.
Además debemos contar con un sistema de contrapesos que permita castigar a los policías, agentes o jueces que se corrompan o incumplan con sus funciones.
Pero para todo ello se necesita mucho, mucho dinero y el compromiso constante del Gobernador y de los Alcaldes.
El problema es que nuestros políticos no gastan ni se involucran en los temas de la seguridad porque sienten que no les da la oportunidad de lucirse y porque invertir el dinero público en estos rubros no permite hacer negocios como sucede con los programas sociales y la obra pública.
Los ciudadanos tenemos que exigir que no nos regateen más los recursos ni la atención institucional que este grave problema exige. Ya no basta con la compra eventual de unas cuantas patrullas, motos o Segways.
Debemos exigir a los gobiernos federal, estatal y municipales por lo menos estas cuatro acciones fundamentales:
- Reasignación inmediata de recursos para fortalecer los esfuerzos para la seguridad y la justicia. Sí hay dinero sólo que se está gastando en cosas que no son prioritarias para la sociedad.
- Que se empiecen a diseñar de manera abierta los presupuestos estatal y municipales para que el próximo año haya un gran incremento a las partidas destinadas a fortalecer la seguridad y la justicia. Un incremento realmente proporcional al tamaño del problema.
- Exigir a los responsables de los gobiernos estatal y municipales que se involucren realmente en la solución de tan sentido problema social, destinando una buena parte de su agenda a atender esta urgencia.
- Que se construya un sistema de evaluación y contrapesos, que permita a los ciudadanos conocer el desempeño de policías, fiscales y jueces para saber quién se debe quedar y quién debe irse.
Jalisco, al igual que una buena parte del país, está viviendo un problema terrible de inseguridad, violencia e impunidad, por lo que no pueden nuestros gobernantes seguir regateándonos los recursos ni la atención que el tamaño del problema amerita.
