Aun contra lo que establece la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos hay legisladores que ante la animadversión que tienen contra la Auditoría Superior del Estado y su titular, han planteado su idea de crear en Jalisco un Tribunal de Cuentas.
Esta idea ha sido planteada por legisladores de los partidos políticos representados en el Congreso del Estado, más en un afán de “jugar para la tribuna” que enmarcada, para empezar, en lo que establece nuestra Carta Magna en materia de fizcalización en la país y que habría que modificarla antes que concretar esta “locuaz” iniciativa de nuestros legisladores, tan urgidos de credibilidad.
Y hay quienes proponen la creación de esta figura respaldándose en el ejemplo del Tribunal de Cuentas en España.
En su número 1,917 -correspondiente al domingo 23 de junio de este año-, la revista El País Semanal -del diario español del mismo nombre, publicó un amplio texto sobre el Tribunal de Cuentas de su país que tituló: “Anatomía del Tribunal de Cuentas” y cuyo sumario reza: “Es la institución más opaca de España. Y también una de las más poderosas. Es el máximo controlador de las cuentas públicas del Estado y tiene capacidad para juzgar a los gestores que cometen irregularidades, incluyendo los partido políticos. Sin embargo, aún le queda un camino por andar hasta lograrlo. Paras empezar, debe conseguir credibilidad…”.
En el cuerpo del texto, se dibuja la realidad de este órgano auditor: “La gran cuestión es para qué sirve el Tribunal de Cuentas. Si alguien le hace caso. Si tiene el suficiente prestigio para hacer valer su fuerza moral por encima del juego político. Y llegar hasta el final: caiga quien caiga. Ante esta cuestión, los letrados y auditores del Tribunal (funcionarios por oposición, con prestigio y experiencia) titubean. Se nota cierto desánimo. Y mucho victimismo.
“Una de las frases más repetidas entre estas adustas paredes es: ‘Estamos hartos de clamar en el desierto’. Hay otra del mismo estilo: ‘Nuestros informes son un brindis al sol’. Hay una tercera reflexión (…): ‘Este no es el organismo que va a acabar con la corrupción. No tenemos polic{ias. Somos un tribunal, pero no mandamos a la gente a la cárcel. Somos técnicos. No tenemos potestad para pinchar un teléfono, confiscar un ordenador o acceder a las cuentas de los familiares-testaferro. No sabemos si hay una contabilidad B…
“Un cuarto análisis que se puede escuchar en los pasillos del palacio es este: ‘Los partidos están usando al Tribunal como coartada. Cuando no hacemos constar ninguna irregularidad sobre su actividad económica-financiera (porque no la hemos detectado), esgrimen nuestros informes y se les llena la boca diciendo: ‘Somos inocentes; hemos pasado todos los controles del Tribunal de Cuentas’.
“Y no es exactamente así. Un auditor no puede abrir la caja fuerte del tesorero de un partido; no ve los maletines. Los partidos nos están usando como un escudo que les exonera de todo… El Tribunal no está dando respuesta a las demandas de la sociedad…
“La imagen que se ha ido formando la opinión pública sobre el Tribunal en los últimos tiempos (…), y que confirman en privado algunos de sus técnicos, es que se trata de un órgano lento, caro, endogámico, dividido por los intereses de sus miembros; con una pesada carga burocrática (…). Y, sobre todo, que está manejado por los dos grandes partidos, que nombran, a través de pactos, a sus 12 consejeros (algunos de ellos con una clara filiación política) con el objetivo de que no salgan a la luz las irregularidades de su gestión…”.
Leer este artículo sobre el Tribunal de Cuentas en España y que algunos legisladores nos lo ponen de ejemplo para imitarlo en Jalisco, queriéndonos hacer creer que con eso se termina el problema de la fiscalización en Jalisco, nos hace caer en la cuenta que dicho órgano padece de los mismos conflictos que vivimos en México y particularmente en estos órganos “ciudadanos”, cuando de lo contrario tenemos ejemplos al por mayor.
Sería bueno que los promotores de este Tribunal de Cuentas para Jalisco, pongan los “pies sobre la tierra”, dejen de construir “castillos en el aire” y se pongan mejor a cumplir lo que la ley les faculta: fiscalizar.