Gilberto Pérez Castillo
La actual Legislatura del Congreso del Estado deberá demostrarles a los ciudadanos si de verdad quieren revertir la pésima imagen que tienen los Diputados Locales o si persistirán en empeorarla aún más.
El próximo nombramiento de quien deberá ser el director del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco será una prueba que permitirá determinar si los actuales Diputados se deciden por una solución verdaderamente a favor de la sociedad o convierten este nombramiento en un ejemplo más de reparto de un botín político.
La forma en la que se pretende sacar la convocatoria para recibir las propuesta de aspirantes a tal nombramiento hace sospechar que la misma podría constituir un traje a la medida a favor de alguien.
En los pasillos del Congreso ya se da por un hecho que tal designación recaerá en el expresidente de la Comisión de Asuntos Internos del PRI Jalisco, el abogado Rafael Castellanos, como premio de consolación al no haber sido éste designado Secretario General del Congreso, como al parecer le habían prometido.
También se da por un hecho que las direcciones del mismo Instituto serán repartidas entre allegados de los Diputados de la actual Legislatura.
De ser así, se estarían de nueva cuenta privilegiando los acuerdos políticos y el reparto de posiciones con visión estrictamente política y partidista en lugar de destacar los perfiles y las capacidades de los designados.
Por la importancia que representa este Instituto para el mejoramiento de la justicia en el estado, el Congreso debería hacer un proceso de selección de su Director con toda transparencia y apertura, dándole la mayor difusión y las más amplias facilidades para que los perfiles y las habilidades de los aspirantes puedan conocerse ampliamente por la sociedad antes de que tomen la decisión.
Además, las propias organizaciones de la sociedad y todos los ciudadanos deberán estar muy atentos y vigilar este proceso, para evitar que se pierda una valiosa oportunidad de mejorar nuestras instituciones de justicia.