Por Julio César Hernández


En su mensaje en Casa Jalisco, cuando dio a conocer que interpondría una controversia constitucional en contra del Código Electoral, el gobernador Emilio González Márquez calificó esta decisión de “importante en la defensa de los intereses de los jaliscienses y del correcto actuar de las instituciones”.

Luego agregó que los montos económicos que contempla este Código para los partidos políticos “no corresponden a la realidad del Estado”, por lo que invitó a los diputados a que revisaran la manera en que se está calculando este financiamiento.

Y más adelante, en este mensaje, expresó:

“He tomado la decisión (de ir a la controversia), también, porque este Gobierno escucha los reclamos ciudadanos que exigen un manejo eficiente del gasto, y porque debemos hacer que esta administración pública se oriente, cada vez más, a criterios y reglas de austeridad…”.


Un día antes, González Márquez anunció que cancelaba la petición al Congreso del Estado de aprobarle la creación de 347 nuevas plazas de empleo, luego de que el presidente de la Coparmex, Pablo Lemus Navarro, dijo que la iniciativa privada tenía temor de que el Ejecutivo “negociara” la aprobación de estas plazas a cambio de no irse a controversia contra el Código Electoral.


Sin embargo, ahora el diputado Jorge Salinas Osornio, coordinador de la fracción parlamentaria panista en el Congreso, revela que a decir del propio Fernando Guzmán Pérez Peláez, secretario general de Gobierno, no se “renunció” a dichas plazas sino que se cubrieron con la contratación de empleados eventuales a quienes se les paga por honorarios.

Con esta engañosa decisión le quedó el camino libre al Ejecutivo, no sólo para contratar por la otra vía a esos 347 nuevos empleados sino para recurrir a la controversia constitucional contra el Código Electoral, alegando austeridad.

¡Así se cuece la austeridad en Jalisco!