Por Julio César Hernández
El presidente de la Coparmex, Pablo Lemus, anuncia que solicitará al Ejecutivo informe detalladamente sobre el donativo de 30 millones de pesos, más los 60 millones prometidos, para la construcción del Santuario de los Mártires; hasta el momento de redactar estas líneas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido casi 170 quejas en contra de este regalo-donativo del Gobernador; el Instituto de Transparencia asegura que la Fundación Pro Construcción de dicho Santuario, se convierte en sujeto obligado a rendir cuentas, al recibir recursos del erario público y deberá de dar información a quien la solicite sobre este recursos; y, además, los programas de radio y los diarios locales reciben llamadas y cartas de ciudadanos inconformes.
Una reacción ciudadana así sólo lo provocó la frustrada decisión de Emilio González Márquez de aplicar el denominado placazo. Y esa inconformidad ciudadana fue la que motivó que el Mandatario diera marcha atrás a una decisión que, como ahora, defendió a diestra y siniestra, asegurando que era legal y que los que se oponían a ella era una minoría. Como lo dice ahora.
Pero la verdad es que este asunto del regalo-donativo crece como una bola de nieve, colocando al Gobernador y al Clero católico en una posición incómoda, amén de que este tema ya sobrepasó las fronteras no sólo de Jalisco sino del país, pues ya se ventiló que el asunto fue abordado por el diario francés Le Monde.
No sabemos si este asunto tendrá el mismo final que el placazo, o sea que el Gobernador se arrepienta y no entregue los 60 millones restantes o que la Asociación Civil que recibió los primeros 30 millones decida regresarlos. Pero mientras se conoce el final de esta historia, la manifestación de inconformidad ciudadana crece, crece y crece…
Pero de entrada, el Ejecutivo tendrá que darle respuesta puntual a la petición de la Coparmex, que aseguró dará un plazo de diez días, y de no ser así, entonces advirtió que recurrirá al Instituto de Transparencia, lo que significa que a diferencia de sus homólogos de la Canaco y del Consejo de Cámaras, Pablo Lemus no será comparsa del gobierno ni le aplaudirá esta acción.
Por otro lado, no sabemos si a partir de ya, pero la Fundación Pro Construcción estará obligada a rendir cuentas de esos primeros 30 millones de pesos a cualquier ciudadano que así lo solicite, a decir de Augusto Valencia, presidente del ITEI.
Y mientras la inconformidad ciudadana crece, González Márquez y Fernando Guzmán, secretario general de gobierno, insisten en que dicho regalo-donativo no fue ilegal.
Lo mismo decían del placazo, y sin embargo les pesó la manifestación en contra -como ahora- de los ciudadanos, que desecharon el reemplacamiento.
¿Y ahora?
