Alfonso Javier Márquez


El bache asesino, como le han llamado, no es mas que una evidencia de la ineficiencia criminal de funcionarios públicos.


Hablamos del agujero en el pavimento que desde el 19 de junio se abrió en el Periférico casi al cruce con la calle Tutelar en el municipio de Zapopan, que reportaron vecinos de la zona a la Secretaría de Desarrollo Urbano y que irresponsablemente turnaron al Ayuntamiento maicero el cual, también de manera negligente desatendió el reporte lo que ocasionó un accidente vial grave que culminó con la muerte de tres personas que esperaban inocentemente el transporte público.


Y no solo es el bache que para quienes vivimos en esta ciudad es de lo mas común encontrar en los pisos, es todo lo que implica y revela: la historia de corrupción que inicia con quienes hicieron la obra metiendo materiales de menos calidad a la presupuestada o de un material no ideal para el tráfico y clima de la zona. La muerte de estas personas se comienza a gestar desde el día en que una persona, generalmente un político tomó la decisión de utilizar ese material pensando que su pronto deterioro daría la oportunidad de hacer reparaciones y mantenimiento dentro de la misma administración lo que abrirá de nuevo la llave para hacer mas “maniobras” y sacar alguna ventaja económica. Es decir robar sobre lo robado y además dejar la puerta abierta para que otros, pensando que serán del mismo partido y equipo, puedan seguirle sacando cuando tengan que tapar baches, comprar mas asfalto y re encarpetar.


Es así como llegamos, años después, al bache que desatiende una administración que no es la que construyó la obra y por ello le importa menos que las consideradas prioritarias: no se hubiera abierto un bache en la Calzada Independencia porque lo tapan de inmediato.


Hoy hay una ley que castiga a los gobiernos y funcionarios que por la omisión de sus obligaciones causen daños a los ciudadanos, ya sea materiales, morales o físicos. No contempla expresamente la muerte, pero ese daño es a terceros que son los familiares; por ello, los diputados Jaime Prieto y César Madrigal se pronunciaron que se pague una indemnización igual a la que se pagaría por fallecimiento en un accidente de trabajo.


El cuánto se debe de pagar no es lo importante a fin de cuentas se pagará del erario publico que de todos modos saldrá de nuestro mismo dinero; lo realmente importante es saber quién es el culpable y conocerlo de manera vertical: primero, quien debió arreglar el bache, qué gobierno, ¿el de Zapopan? O ¿el del Estado en la Secretaría de Desarrollo Urbano?. Quitar la controversia en la que se han pretendido meter para confundir en el sentido de que es obligación de la SEDEUR por considerarse un camino estatal o que si debe de considerar como calle lo que en todo caso correspondería al Ayuntamiento.


Una vez aclarado, señalar sobre quien directamente recae la culpabilidad por esa negligencia criminal ; saber cómo se llama y como es la cara de ese funcionario que traspapeló el reporte del bache o bien no quiso atenderlo por cualquiera que sea la razón. Después, conocer cuál es el castigo al que se hará acreedor y finalmente preguntarles a las familias de los muertos si están satisfechos.


Parece radical. Tal vez lo sea, pero en este país y en este estado hacen falta algunas acciones radicales para que con castigos ejemplares de inicio el proceso de cambio. Falta que los funcionarios públicos entren al aro y se midan no solo con la misma vara que se mide a los ciudadanos de a pié sino, como ocurre en los países desarrollados, las leyes sean para ellos aun más severas que para el resto de la gente. Solo así, la motivación que aun mueve a los que quieren ser servidores públicos dejará de ser la de estar por encima de la ley, ganar mucho dinero y utilizar suponer para servirse y a todos los de su alr
ededor.