De acuerdo al portal Definición.De los diputados “son aquellos ciudadanos escogidos por el pueblo para que los represente frente al gobierno…”. Y agrega: “Un diputado es un individuo que es designado a través de la elección que realiza el pueblo para convertirse en su representante en una cámara legislativa…”.
Creo que todos estamos de acuerdo con esta definición; por lo tanto, entendemos que los 39 diputados locales y los 500 federales son representantes de los ciudadanos que mayoritariamente votaron a su favor para que los representaran en el Congreso del Estado y la Cámara de Diputados.
De entre los 39 diputados locales, destaca Pedro Kumamoto Aguilar que llegó a 61 Legislatura sin el apoyo y la promoción de ningún partido político. Llegó como diputado “independiente”, pero al igual que sus 38 compañeros postulados por un partido político es “representante popular”. O sea, quienes mayoritariamente votaron a su favor lo hicieron para que él, Kumamoto Aguilar, los representara en la toma de decisiones y en el cumplimiento de las obligaciones que como representantes populares tienen todos los legisladores.
En particular, él representa a los ciudadanos del Distrito 10 que con sus votos le dieron la victoria por encima de sus adversarios, pero, en lo general, es representante ciudadano cuyas decisiones tienen implicaciones para todos, hayan o no votado por él.
Por eso me llama la atención que en su afán de “ciudadanizar” la política -como si los políticos no fueran ciudadanos- Kumamoto pretende endozarle al ciudadano común, al que le dio su voto y se lo dió a los 38 diputados restantes, responsabilidades que él y demás integrantes del Poder Legislativo estatal deben de cumplir por ley. Claro, para eso pretende que se modifique.
Y me refiero concretamente a su propuesta de reforma para establecer lo que llama Juicio Político Ciudadano.
Según el diputado, la aplicación de este juicio político ciudadano tendría tres etapas: 1. La de la investigación por parte de una comisión integrada por académicos, representantes sociales y los propios diputados. 2. La de la acusación que se discutiría en el pleno del Congreso del Destado; o sea, los 39 legisladores; y 3. La de la sentencia, a manos del pleno del Supremo Tribunal de Justicia, o sea el Poder Judicial.
Muchas interrogantes abre esta propuesta del joven político, empezando por quién o quiénes elegirán o definirán quiénes serán los académicos que integrarán esta comisión. ¿Bastará que cada universidad proponga a su representante? ¿A cuántas de la infinidad de universidades que existen en Jalisco se les invitará a tener un representante y en base a qué? ¿Quiénes elegirán y definirán quiénes serán los representantes sociales en esta comisión? ¿Se recurrirá a los mismos de siempre que no han ocultado en varias ocasiones sus preferencias políticas-partidistas, como son los representantes de las cúpulas empresariales Canaco, Coparmex, CCIJ y otras que se han convertido en los “ajonjolís de todos los moles”?
En la segunda etapa, ¿qué garantiza que los intereses partidistas no influirán en el trabajo de los diputados encargados de discutir la acusación en contra del sometido a un juicio político y que en esa etapa se replique lo que supuestamente pretende combatir el diputado Kumamoto con esta iniciativa de reforma?
Y respecto a la intervención del Supremo Tribunal de Justicia en estos juicios, ¿Por qué involucrar al Poder Judicial en estos asuntos en los que en varios casos el acusado pueda ser un magistrado? ¿Cómo se logrará aprobar modificaciones a la Constitución del Estado para darle facultades al Poder Judicial para que intervenga en temas político-partidistas? ¿Dónde quedaría en este tema la separación de poderes?
¿La participación de los académicos, de los representantes sociales y de los magistrados en estos Juicios Políticos Ciudadanos serán honorarios y tendrán la obligación de asistir cuantas veces sean convocados, y a la hora que lo sean, dejando a segundo término sus obligaciones y responsabilidades por las que sí reciben un pago?
Pedro Kumamoto cree que la solución a todos los problemas de Jalisco está en la participación de los ciudadanos y no en el respeto y la aplicación de la ley ya existente.
Pedro Kumamoto debe entender que él y los restantes 38 diputados son REPRESENTANTES SOCIALES, representantes de los CIUDADANOS que votaron por todos ellos para que los representen en el Poder Legislativo, y que la Constitución local y la Ley Orgánica de este poder son muy claras en las facultades que tiene cada uno de los órganos de gobierno.
Pero ya veremos cuál será el destino de estas iniciativas del político ciudadano, quien por lo pronto sigue cosechando éxitos mediáticos al lograr mantenerse en los espacios principales de diversos medios de comunicación.