Por Julio César Hernández

Apenas han transcurrido algunos días más del primer año de gobierno de Emilio González Márquez y ya son varios los pendientes que tiene en agenda, con carácter de polémicos o de escándalo, sin contar aquellos que de alguna manera ya quedaron archivados -que no olvidados- como el placazo, el refrendazo y el regalo a las televisoras.

Así, a un mes después de haber cumplido sus primeros 365 días al frente del gobierno estatal, el Ejecutivo estatal tiene en agenda estos asuntos pendientes:

1.- La propaganda personal, con recursos públicos, en torno a su primer informe de gobierno.

2.- La aun discutible muerte del menor Miguel Ángel López Rocha.

3.- El aun rechazado incremento a la tarifa del transporte público.

4.- La muerte de la joven yudoca Fernanda Ramírez.

5.- El donativo a la Fundación Pro Construcción del Santuario de los Mártires.

Todos estos temas o asuntos siguen con el expediente abierto, ninguno se ha cerrado y nadie podría augurar que pronto los cerrarán. Ni el final que tendrá cada uno de ellos.

Nada menos el del incremento a la tarifa del transporte urbano, inició ayer un nuevo capítulo, luego de que el presidente del Instituto Electoral del Estado, José Luis Castellanos, remitió al Ejecutivo la solicitud de referéndum derogatorio con relación a la autorización de aumento a esta tarifa y que promovió la Federación de Estudiantes Universitarios.

Entregado al mediodía de ayer en la Oficialía de Partes, el Ejecutivo tiene un plazo determinado para manifestarse en contra, pero uno de los primeros reclamos que le hacen es que, de acuerdo a la ley, está obligado a suspender de inmediato dicho aumento tarifario, que fue de 50 centavos para que el pasaje pasara de 4.50 a 5.00 pesos.

El Ejecutivo ha señalado que dicho referéndum no procede, porque considera a la tarifa del transporte como un impuesto. Pero expertos en el tema lo contradicen y subrayan que, por supuesto, la tarifa no es un impuesto porque no aplica para todos sino sólo para quienes utilizan el transporte público.

Por lo tanto, aseguran, sí debe de ordenar la suspensión del incremento.

De ser así –suena lógico-, en menudo lío estará el Mandatario estatal.

Otro frente abierto para el Ejecutivo estatal, aunque concretamente es responsabilidad del CODE, que encabeza Carlos Andrade Garín, es la muerte de la jovencita judoca Fernanda Ramírez, cuyos padres ya presentaron una denuncia penal en contra de varios funcionarios de esta dependencia deportiva.

Mucho de ha dicho y escrito sobre este lamentable caso, pero la verdad es que no se ha esclarecido del todo ni se han deslindado responsabilidades.

Y ya ni qué decir del caso del niño López Rocha y su muerte en las aguas del Río Santiago, sobre el que aun no concluye la discusión ni se esclarece quién es el responsable o quiénes son los responsables.

Y en el asunto de la propaganda con motivo del informe de gobierno, ahí sigue una queja presentada por el PRI Jalisco en la Cámara de Diputados, “durmiendo el sueño de los justos”.

A todo esto habría que sumarle los casos que se acumulen en la semana.