Por Julio César Hernández

Mientras las autoridades estatales han dejado correr el tiempo en torno al problema de salud que aqueja a los habitantes de la zona de Juanacatlán-El Salto, discutiendo si el delicado estado de salud del niño Miguel Ángel es a causa o no de la contaminación del río Santiago, en el Senado de la República no se andan con rodeos y actúan como se espera hubiesen actuado aquí.

A propuesta del senador Ramiro Hernández García, el pleno de la Cámara Alta aprobó por unanimidad el punto de acuerdo –con carácter de urgente resolución- para solicitarle al Ejecutivo federal que declare esta zona de Juanacatlán-El Salto como de emergencia ambiental.

Aquí no importa a qué partido pertenece el ponente ni quién gobierna los municipios aledaños a esta zona y mucho menos quién lo hace en la entidad.

Lo que importa es la salud de los habitantes que ya se ha visto mermada por esta causa.

Ahora, por supuesto, que se espera que el gobierno federal responda de manera inmediata a la petición senatorial, ante la gravedad del asunto, aunque aquí sigan dándole vueltas y vueltas sin encontrarle “la cuadratura al círculo”.

Es lamentable que haya surgido el caso del menor Miguel Ángel López Rocha –que presuntamente cayó a las aguas del río Santiago y su estado de salud sea declarado muy grave, por haber ingerido arsénico, uno de los metales pesados contenido en esta agua-, para que las autoridades hayan puesto atención a un problema que ya había sido reportado con muchos meses de anterioridad.

Y aun así, la reacción de los funcionarios no ha sido del todo efectiva.

Inclusive, hay quienes teniendo que ver con el medio ambiente, como la Procuraduría del ramo, se deslinden de intervenir aduciendo que no tienen ingerencia en el asunto por quién sabe que razones legaloides, como si esto estuviera por encima de la salud de los ciudadanos.

Mientras llega la definición del gobierno federal respecto a este caso, algo deberán de hacer nuestras autoridades estatales de manera urgente, pues no es posible que por causas burocráticas o, lo que sería peor, de incapacidad, los problemas de contaminación en esta zona se agudicen más de lo que ya están.

No puede ser que la ciudadanía esté pagando así, con su salud, la ineficiencia de algunas autoridades, no sólo de esta administración estatal sino de las que le antecedieron y que tampoco hicieron nada, quizás porque no había caído a esas asquerosas aguas ningún ser humano.

Es cierto, la “bomba” le tronó el gobierno emilista, por lo que ahora le corresponde al mismo hacer frente a la situación y evitar que se siga perdiendo más tiempo en una discusión que no lleva a nada.

Para fortuna de los afectados, los senadores ya dieron el primer paso. Mientras llega el segundo de parte de la Federación, bueno será que las autoridades estatales no dejen de andar sobre este grave problema.