Julio César Hernández
¿Quién le creerá a Juan Sánchez Aldana que los cargos que la Auditoría Superior del Estado le fincó por 1 mil 300 millones de pesos se debe a que no tuvo acceso a la documentación oficial, que se encuentra en el Ayuntamiento de Zapopan, para poder aclarar las dudas?
Débil, muy débil su argumentación para tratar de defenderse de un señalamiento que durante su administración era solamente una presunción, pero que luego debió de haber sido sustentado en la denuncia penal que presentó el actual gobierno de Héctor Vielma y que ahora se soporta con el dictamen de la Auditoría Superior.
¿A dónde fueron a parar esos 1 mil 300 millones de pesos que no se comprobaron en el plazo que legalmente tienen para hacerlo?
Sería ridículo decir que a los bolsillos de los exfuncionarios públicos, al menos toda esa cantidad; además de que no existen las pruebas que sostengan dicho señalamiento. Sin embargo, el órgano fiscalizador ante quien se debe de comprobar el destino de cada peso del erario público, no tuvo las pruebas documentales del destino de este monto y algo sucedió con ese dinero.
La verdad es que los argumentos que ofreció el ex alcalde zapopano no convencen a nadie y, por lo tanto, deja abierta la “puerta” para que se crea que, efectivamente, no hay el respaldo documental sobre el buen destino de esa millonaria cantidad.
Y lo más seguro es que el ex edil tenga que enfrentar la etapa judicial, porque lo más seguro es que no saldrá bien librado de la siguiente etapa: la legislativa.
¿O a poco la mayoría de los diputados rechazará el dictamen de la Auditoría? Quizás los panistas lo hagan, aunque quién sabe, pero ¿y los priistas? ¿Y Aubry? ¿Y Raúl Vargas y Olga Gómez?
Lo damos por descontado.