Por Julio César Hernández

Tan breve como el mandato de Salvador González del Toro, como alcalde de Tonalá, fue el comunicado de prensa que indirectamente dio cuenta de su destitución del cargo y de la designación de Emmanuel Agustín Ordoñez Hernández como nuevo edil.

Fueron apenas 59 palabras (dos cortos párrafos) las que la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tonalá utilizó para dar cuenta de que ya había un nuevo “Presidente Municipal Sustituto”.

Textualmente, el comunicado asienta:

“En sesión ordinaria de Ayuntamiento, el pleno designó como Presidente Municipal Sustituto de Tonalá a Emmanuel Agustín Ordoñez Hernández quien rindió protesta de Ley en el cargo.

“Ordoñez Hernández, asumió el cargo con 13 votos a favor, de los cuales 7 fueron de la fracción del PAN, 5 del PRI y uno del PRD y 4 votos en contra”.

Como leerá, de González del Toro ni se acordaron como tampoco dieron cuenta de las razones del cambio y mucho menos de la forma en que lo “chamaquearon”, cuando el otrora sustituto de Jorge Vizcarra Mayorga pretendió “barrer” el Ayuntamiento de funcionarios incómodos y tras amenazar con denunciar penalmente a varios regidores de su partido, el PAN, por desvío de recursos.

Caro pagó González del Toro su osadía, pues perdió el cargo.

Sin embargo, no todo debe de estar perdido para quien nunca supo cómo gobernar su municipio, pues tiene la obligación moral de presentar las denuncias penales en contra de quienes mal utilizaron recursos del erario público.

Si tiene elementos de prueba, debe de hacerlo, pues de otra forma terminará siendo su cómplice.

Él mismo anteayer hizo la denuncia pública:

“Haré una denuncia de presentaré ante la Procuraduría del Estado en su momento para deslindar responsabilidades, de las cuales ya tenemos algunos elementos, y solicitaré juicio de procedencia en contra de los funcionarios que resulten responsables de lo que aconteció el año pasado y que de alguna manera son ellos los que están buscando que Salvador González salga de la administración”.

Si de veras tiene pruebas de lo que acusa a sus correligionarios, no tendríamos duda, entonces, de que el “madruguete” que le dieron y en el que cayó inocentemente, tendría como objetivo evitar que cumpliera su amenaza.

Por eso no debe quedarse callado.

Sí existe el ilícito y las pruebas que así lo consignan, entonces no debe dudar en dar el paso al que como ciudadano, funcionario público y ex alcalde está obligado a dar, pues aquí ya no se trata de venganzas o no, sino de sancionar a los pillos que pueden estar parapetados en su fuero como regidores y que de no actuarse en su contra seguirán abusando de su cargo y erosionando las arcas municipales.

Ya no está en discusión si los regidores están o no a cargo de la Hacienda Municipal, sino que existe una denuncia pública de quien era Presidente Municipal y que moralmente está obligado a llevar hasta sus últimas consecuencias.

Ojalá y cuando menos esa sea la única acción buena que haga como funcionario público.