Julio César Hernández
Presidente de la Comisión de Administración de la 58 Legislatura y hoy diputado federal, Jorge Arana Arana asienta categórico:
“El pago que se le hizo al Auditor Superior fue legal. Fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que la Comisión de Administración tenía que acatar. No fue una decisión unilateral ni de un solo diputado. Cada uno de los pagos que se le hizo fueron legales porque se aprobaron en la instancia correspondiente”.
Asentó que, efectivamente, se le debían al auditor Alonso Godoy Pelayo las prestaciones de años anteriores y que por ello la Junta de Coordinación Política, integrada por los coordinadores de los seis partidos políticos representados en el Congreso, aprobó le fueran pagados.
Y para que ninguno de sus excompañeros que lo acompañaron como parte de la Comisión de Administración pretenda deslindarse de responsabilidad alguna en la toma de decisiones, recordó:
“Todos los acuerdos que llegaban a la Comisión de Administración tenían que ser aprobados por unanimidad, ningún asunto que ahí llegaba se aprobaba si no era por unanimidad”.