Mientras algunos andan preocupados o indagando por y cuál será el futuro político del presidente municipal de Zapopan -luego les digo ahora qué puerta fue a tocar-, Jesús Pablo Lemus Navarro sabotea los procesos legales que como alcalde está obligado a acatar o impugnar y coloca por encima de la ley, del beneficio de los trabajadores del Ayuntamiento que preside, afiliados al Instituto de Pensiones, y del desarrollo del municipio que gobierna, su interés político personal y su ambición por el poder.

Así lo demostró ante la medida cautelar emitida por el magistrado titular de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, Laurentino López Villaseñor, a favor de los desarrolladores de la Villa Panamericana, para que Lemus Navarro y otros funcionarios de su gabinete “no impidan de forma alguna que sigan surtiendo efectos los actos administrativos otorgardos por las autoridades del Ayuntamiento de Zapopan” y que, además, “inspeccionen si las obras de urbanización Villa Panamericana fueron realizadas conforme al proyecto autorizado para la debida recepción de las obras…”.

Jesús Pablo Lemus no sólo se niega a acatar la resolución del magistrado López Villaseñor -como lo referí ampliamente aquí en Marcatextos el pasado miércoles 13, bajo el título “La gran mentira de Lemus“-, sino que ni siquiera recurrió o impugnó dicha resolución mediante el recurso legal al que como autoridad tiene derecho para modificar, revocar o invalidar la resolución del magistrado Laurentino.

El alcalde de Zapopan ha enlistado una supuesta cantidad de requisitos que, según él, el desarrollador no ha cumplido, pero que en realidad desconoce porque se niega a inspeccionar el complejo como ya se lo instruyó el Tribunal y a recibir las obras si todo está de acuerdo al proyecto autorizado.

Pablo Lemus dejó pasar esta resolución, la ignoró y le hizo oídos sordos, en su afán de victimizarse, tirarse al piso para que alguien lo levante, e insistir en que prefiere que lo destituyan del cargo y lo metan a la cárcel, antes que cumplir con la ley como se comprometió a hacerlo cuando asumió el cargo, porque ya lo dijo Enrique Alfaro: no se le está pidiendo que entregue permisos que están fuera de la ley.

Lemus sigue terco y empeñado en litigar asuntos serios, importantes y de trascendencia para Zapopan y los zapopanos en los medios de comunicación y no en las instancias legales como debe hacerlo cualquiera que se precie de respetar el estado de Derecho, máxime si es una autoridad. Pablo Lemus prefiere llevar su “show” a los medios.

Y no debe extrañarnos cuando el pasado 5 de febrero confesó públicamente que las suspensiones o medidas cauterales emitidas por los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa servían para dos cosas: “para nada y para lo mismo”, y sin rubor alguna presumió: “me las paso por el arco del triunfo”.

Y lo que suceda con los recursos de los trabajadores del estado y sus municipios lo tiene sin pendiente alguno. El 30 de agosto pasado demostró lo poco o nada que le interesa el bienestar de los empleados del Ayuntamiento de Zapopan. Dijo: “Si pensiones tiene un problema financiero ese es problema de Pensiones. Si quiebra o no con este asunto, no es mi problema, ese es un asunto que decidieron mal desde su momento y que ellos se arreglen como puedan”.

Este es Jesús Pablo Lemus Navarro, el alcalde de Zapopan que sabotea al gobernador Enrique Alfaro, al propio Ayuntamiento que encabeza -porque no recurre las resoluciones judiciales-, a los empresarios desarrolladores inmobiliarios que invierten en este municipio -quizás porque ve en ellos una competencia a sus intereses económicos y los de su familia-, y a los propios zapopanos.