¿Logrará Claudia Delgadillo González y su equipo jurídico que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) -sin duda ahí se resolverá la impugnación-, anule la elección por la gubernatura? Dependerá de la solidez de las pruebas con que sostenga que durante el proceso electoral se violentaron los principios de certeza, independencia, legalidad e imparcialidad.

“Durante el proceso detectamos fallas y anomalías en el conteo y registro de votos que no vamos a pasar por alto”, dijo ayer Delgadillo González en la rueda de prensa en la que dio pormenores del Juicio de Inconformidad que presentaron el sábado pasado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), del que dijo que “jugó un papel mediocre a favor de Movimiento Ciudadano”.

Es normal que quienes se dicen ganadores y sus simpatizantes reclamen y hasta exijan que Morena, sus aliados y quien fue su candidata a la gubernatura, acepten su presunta derrota no sólo porque el IEPC reconoció el presunto triunfo del candidato de Movimiento Ciudadano y le entregó la constancia de mayoría, sino porque además, alegan, ganaron las dos senadurías, las diputaciones federales y 15 diputaciones locales. Y es más, les recriminan de manera absurda que impugnen la elección a la gubernatura -y la de la presidencia municipal de Guadalajara, en el caso de “Chema” Martínez-, y se queden callados ante las victorias obtenidas.

Pero la impugnación, por ley, es parte del proceso electoral que está aún lejos de terminar con la entrega de la constancia de mayoría al presunto ganador. La legislación marca las instancias a que tienen derecho a acudir quienes no están conformes con los resultados y la forma en que se desarrolló el proceso, pero también establece las causales para revertir un resultado o anular una elección, y los quejosos deberán de cumplir con ellas, como es este caso.

Claudia Delgadillo y su equipo aseguran tener pruebas contundentes para que la elección sea anulada. “Se hizo un análisis exhaustivo y muy, pero muy riguroso, por un gran equipo que aportaron por distrito, por casillas, todas las pruebas”, aseguró la candidata, quien luego precisó: “Tenemos documentadas en las demandas que interpusimos las grandes diferencias entre los votos que contaron y los que debieron ser registrados y contados. Hay alrededor de 300 mil votos que no se contaron de manera correcta, que no aparecen en los registros o que fueron anulados de manera injustificada”.

Estas y otras anomalías más fueron registradas y publicadas, principalmente en redes sociales, donde quedó constancia de las anomalías con que se llevó a cabo el traslado y conteo de votos; cómo hubo paquetes que no contenían boletas; cómo otros paquetes fueron trasladados en bolsas negras para la basura; o en enormes bolsas transparentes sin la cadena de custodia obligada; o cómo aparecieron por “arte de magia” y “de última hora”, infinidad de boletas o paquetes electorales cuyo paradero era desconocido.

La candidata reveló que se impugnaron los 20 distritos electorales porque en todos ellos “se registraron muchas irregularidades que ponen en duda la legitimidad del proceso electoral”. Y aclaró que “no fueron errores aislados, sino que fue un patrón sistemático de irregularidades que nos hacen cuestionar la transparencia y equidad en la elección”, dijo.

Y por si fuera poco, el árbitro electoral dejó mucho que desear. El IEPC no estuvo a la altura de las circunstancias, y aun antes de la jornada electoral no supo ocultar su inclinación a favor del partido del gobierno y de su candidato, a quien hasta le hicieron el favor al mutilar del video del tercer debate un momento “incómodo” cuando agredió verbalmente a sus adversarias.

De la autoridad electoral, Claudia Delgadillo dijo ayer: “Es profundamente lamentable el papel que jugó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, encabezado por su presidenta Paula Ramírez, quien no sólo se puso al servicio del gobierno de Movimiento Ciudadano, sino que se prestó ella misma, con el IEPC, a que se cometieran gran cantidad de irregularidades, atropellos, vicios y abusos”.

Así, pues, Morena y aliados dieron ya el paso que algunos creyeron no darían e impugnaron la elección de la gubernatura, solicitando que sea anulada. De sus argumentos y pruebas que hayan presentado, y presenten, ante las autoridades electorales, dependerá el éxito o el fracaso de su petición.

Al tiempo…