Por José Antonio Elvira de la Torre
La aprobación en el Senado de la iniciativa presentada por el Titular del Ejecutivo Federal para reformar el Poder Judicial de la Federación, es un acontecimiento político que quedará marcado en la historia política del país por mucho tiempo. Para quienes consideramos que esta reforma no atiende las principales causas de su inadecuado desempeño y que, por esta razón, era necesaria una discusión más amplia e incluyente que permitiera construir un mejor proyecto que no estuviera centrado en la anulación de los contrapesos institucionales en la relación entre Poderes públicos, es un muy realista recordatorio de que los valores como la libertad, la justicia, la lealtad, la honestidad, el bien común, nunca serán suficientes para garantizar que las personas que desempeñan cargos públicos, en este caso particular los Senadores, se comporten de manera ética en términos de las decisiones colectivas.
También es una dolorosa lección de que las oportunidades perdidas en la construcción política democrática, pueden tener costos negativos enormes en el mediano y el largo plazo. Los poco más de 20 años en que funcionó un esquema, imperfecto e insuficiente, pero plural y democrático, no terminó por garantizar que las instituciones políticas (las reglas formales) no pudieran ser revertidas por intenciones de centralización de poder y ejercicio autoritario del mismo. Beneficiarse de un esquema que favorece temporalmente la posición de ventaja para algún actor político particular, no debe significar cerrar los ojos ante la necesidad de que las reglas establezcan mínimos irrenunciables que garanticen que no habrá ganadores absolutos, pero tampoco perdedores absolutos. Que garanticen que las libertades y los derechos sean respetados, aún si se es minoría.
Más específicamente aún, lo acontecido demuestra que las estrategias de los partidos políticos de otorgar candidaturas a quienes sustentan su vínculo político en cargos de poder o por intereses materiales, de sumar a cualquiera a sus filas porque pueden aportar votos, fama o popularidad, pueden revertirse. No es exagerado insistir que es necesario regular la práctica frecuente de funcionarios electos que fueron postulados por una organización política, de brincar a otras organizaciones partidistas cuando sus intereses personales así lo dictan. Es evidente que sin la plataforma de partidos políticos o coaliciones en específico, algunos de estos funcionarios no tendrán los cargos para los que fueron electos, por lo que resulta pertinente tratar de equilibrar la libertad de expresar ideas y votar sobre las iniciativas que tienen los legisladores, con la preferencia de los electores expresada en votos hacia una opción política.
Para finalizar, si algo queda claro de la sesión del Senado es el abandono de la política como herramienta para generar diálogo y construir acuerdos, entendiendo el papel que juegan quienes tienen mayoría, pero también respetando los derechos de quienes son minoría. Si en las comunidades políticas existen visiones e intereses diferentes, como es un hecho que los habrá, los mecanismos para resolver esas diferencias no pueden ser el avasallamiento, la amenaza, el amedrentamiento y el chantaje. Ejercer el poder de la mayoría no equivale a pasar por encima de libertades, derechos y reglas formales. La imposición de una visión o un proyecto, no es hacer política.
