Mañana se cumple un año de que Enrique Alfaro Ramírez es gobernador, y en su combate a la corrupción no ha logrado agarrar a un “pez gordo” de las administraciones que le antecedieron, como no pocos apostaron que lo haría, creyendo que había “carnita”.

Hasta el momento, su administración emprendió acciones legales en contra de los dos primeros secretarios de Salud de Aristóteles Sandoval Díaz: Jaime Agustín González Álvarez -imputado ayer- y Antonio Cruces Mada; así como de tres ex titulares de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS): Salvador Rizo Castello, Miguel Castro Reynoso y Daviel Trujillo; y en contra de un ex secretario del gobierno de Emilio González Márquez: Antonio Gloria Morales.

Todos ellos enfrentan sus respectivos procesos en libertad, aunque el único que estuvo detenido por algunos días fue Gloria Morales, cuya acción en su contra fue interpretada como una venganza política ante la debilidad de las causas por las que fue detenido. El mismo “tufo” se huele en el caso de los tres ex titulares de la Sedis.

Esto viene a cuento porque en las visitas que ha hecho a diversos municipios del estado, Alfaro Ramírez ha sido reiterativo en asegurar que el problema del gobierno no es la falta de presupuesto sino la falta de vergüenza de los gobernantes que se robaban el dinero; que el problema no es que no hubiera dinero, sino que se lo robaban, y presume que ahora en su gobierno, pese al recorte del presupuesto federal, se hace más con menos.

El problema de estas acusaciones que lanza el gobernador es que no se aterrizan con denuncias y pruebas que las sostengan, pues son señalamientos públicos generalizados, sin especificar en qué rubros y el monto de lo que supuestamente sus antecesores se robaron en lugar de resolver los problemas de los jaliscienses.

Y es que estas denuncias que caen bien momentáneamente en el ánimo de los ciudadanos, pierden credibilidad cuando se recuerda que utilizó el mismo discurso en su campaña a la alcaldía de Guadalajara y lo estuvo machacando cuando llegó al gobierno tapatío, pero nunca cumplió su palabra de meter a la cárcel a los presuntos funcionarios corruptos -como los llamó en diversas ocasiones- que le antecedieron. Ni uno solo. Todo se quedó en mero discurso.

Hoy se habla en los corrillos políticos que el gobierno alfarista investiga presuntos actos de corrupción en Salud, en Educación, en la SIOP, en Pensiones y en diversas dependencias, pero a un año de estar en el poder no ha logrado cazar un “pez gordo” que demuestre que de las palabras pasa a los hechos.

Sí, hay quienes aseguran que hay elementos firmes para meter a tal o cual ex funcionario a la cárcel, pero hoy, a 364 días de haber asumido la gubernatura, todo ha quedado en simples “petardos”, amagues o golpes mediáticos que no se han concretado con sanciones acorde a los presuntos ilícitos.

¿Será que en su segundo año comenzará a cumplir lo que hasta ahora ha quedado en simples amenazas mediáticas?

Al tiempo.