Por Julio César Hernández
Cuando el entonces nuncio apostólico Jerónimo Prigione y otros obispos mexicanos más, encabezados por el finado cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, le tomaron la palabra al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari para modificar el artículo 130 constitucional, en lo que menos pensaron fue ser candidatos a cargos de elección popular.
Salinas de Gortari envió la señal de que las condiciones que guardaban las iglesias en el país, y concretamente la católica, no eran las adecuadas para los tiempos por venir, y habría que modificarlas. Era el primer paso de una ardua tarea y difícil lucha que concluiría con el reestablecimiento de relaciones con El Vaticano y el reconocimiento jurídico a las iglesias.
Una de las principales conquistas logradas con esta reforma fue que los clérigos pudieron participar como cualquier otro ciudadano en los procesos electorales para elegir Presidente de la República, Legisladores, Gobernadores y Presidentes Municipales.
De entonces a la fecha, no hemos conocido de que clérigos en activo quieran ser candidatos a un cargo de elección popular ni que el clero católico del país demande ese derecho. Y no lo hace porque el propio Derecho Canónico les prohíbe aspirar a ocupar un cargo de elección popular.
Lo anterior viene a cuento porque el diputado del PAN, José Inés Palafox Núñez, presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas, para permitir que los ministros de culto puedan participar como candidatos, siempre y cuando se separen de su labor religiosa con dos años de anticipación al proceso electoral.
¿Por qué hay gente ajena que insiste en querer darle a los religiosos o ministros de culto un derecho que no sólo no solicitan sino que el propio Derecho Canónico les prohíbe, en el caso de la Iglesia Católica que es la mayoritaria en el país? ¿Responde esta iniciativa a una petición expresa de los representantes del clero católico a la bancada legislativa del PAN para que aboguen a su favor y poder convertirse luego en gobernantes, al permitírseles ser electos para un cargo de este tipo?
Mientras la Iglesia Católica no modifique el Derecho Canónico, iniciativas como ésta, tienen asegurado el fracaso.