Por Julio César Hernández
Ayer miércoles el Ejecutivo estatal presentó ante la Suprema Corte de Justicia el recurso de reclamación, a fin de que dé entrada a la controversia constitucional en contra del Código Electoral, que ya en primera instancia fue rechazada por la propia Corte la semana pasada.
El diputado Samuel Romero Valle señaló el martes que las declaraciones desde el Ejecutivo, respecto al incremento a las prerrogativas a los partidos políticos, “se quedan en la demagogia y el populismo”.
A su vez, el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, negó que se trate de populismo, sino que esa decisión afecta al presupuesto estatal.
La verdad es que las declaraciones que las autoridades estatales han vertido respecto al Código Electoral, primero, y a la controversia constitucional, después, dejan mucho que desear, no generan credibilidad y, lo que es peor, no han permeado entre la sociedad.
Las autoridades insisten en sostener que su postura en contra del incremento a las prerrogativas a los partidos es en respuesta a un reclamo ciudadano que, insistimos, nadie ha visto ni oído. Reiteran que entregarles más dinero a los partidos irá en detrimento a programas sociales, cuando dicho argumento no se ha esgrimido en torno a los recursos económicos que se han destinado a televisoras, organismos empresariales, telenovelas y para la construcción del Santuario de los Mártires.
Este recurso de reclamación es el último instrumento jurídico del que puede echar mano el gobierno estatal para tratar de dar marcha atrás al Código Electoral en el punto de las prerrogativas, y todo indica que no procederá, de ahí que si bien no es una contienda, este asunto significará una derrota para el Ejecutivo.
Claro, si hoy el Ejecutivo no pudo evitar que los partidos se “sirvieran con la cuchara grande”, para el 2009 tiene un recurso del cual echar mano: vetar el presupuesto para no entregarle a los partidos los 230 millones de pesos que les corresponden. ¿Lo hará?
