David Gómez Álvarez debe salir del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción. No tiene otra opción ni él ni los demás integrantes del organismo.

Así de categórica debe ser la decisión que él mismo tome o de quienes tienen la facultad de remover a cualquiera de los integrantes del CPS, luego de lo que se ha ventilado sobre su persona en redes sociales y algunos medios de comunicación -particularmente en el portal de Código Magenta-, e, incluso, hasta su propio texto de defensa que hizo público, que se convierten en elementos suficientes que lo invalidan para ser parte de un organismo que tiene como tarea combatir la corrupción.

Ayer se presentaron denuncias en su contra: una en la Fiscalía General de la República y otra ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

De entrada, en su texto de defensa denuncia que “los embates”, la “campaña negra” y la “campaña de desprestigio” en su contra provienen del gobierno del Estado, aunque no señala nombres y apellidos. Textualmente dice: “(…) es la primera vez que soy blanco del embate desde el gobierno del estado, aunque lo hagan de forma anónima…”.

¿Quién desde el gobierno del Estado es el autor de estos “embates”, “campaña negra” o “campaña de desprestigio” en su contra? ¿El gobernador Enrique Alfaro Ramírez quien ha estado en su casa, como cuando se reunieron con el titular de Hacienda, Arturo Herrera? ¿El jefe de Gabinete, Hugo Luna Vázquez, de quien ha sido anfitrión en su casa y que niega sea un “penthouse”? ¿El secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, con quien gusta departir vino tinto? ¿Son ellos a los que acusa que “de forma anónima” lo tomaron como “blanco del embate” en su contra o son ellos algunos de los “personajes públicos” que, dice, “pueden dar fe de que mi estilo de vida que se corresponde con mis ingresos profesionales”, sólo por haber estado en su casa?

¿O quién desde el “gobierno del estado” tiene el alcance -y el interés- como para emprender una campaña como la que Gómez Álvarez denunció se desató en su contra “financiada con recursos de los contribuyentes e impulsada en redes sociales con granjas de usuarios”? ¿Por qué no revela nombres y apellidos de quienes acusa de atacarlo desde el gobierno “de forma anónima”?

¿Cómo es posible que un integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción no se atreve a denunciar y revelar por nombre y apellido a quien o quienes desde el gobierno del estado estarían incurriendo en actos de corrupción al financiar con recursos públicos una “campaña negra” en su contra? ¿No es este el caso y el mejor momento para demostrar que, como lo dice en su texto, “no les fallaré a quienes me encomendaron la honrosa representación de la sociedad civil para luchar contra la corrupción desde el CPS”? ¿Qué credibilidad tiene el consejero cuya labor es combatir la corrupción, pero no se atreve a denunciar públicamente a quienes incurren en actos de corrupción para emprender una “campaña negra” en su contra? ¿Entonces qué clase de combatiente contra la corrupción es?

En su texto de defensa, Gómez Álvarez explica que si su declaración de impuestos fue en ceros durante varios años, se debió a que estaba bajo el régimen de sueldos y salarios por lo que sólo tenía que presentar su declaración anual, pero que en 2017 “cambié al régimen de persona física con actividad empresarial”. Pregunta: ¿Cuál fue su actividad empresarial que lo obligó a cambiar su régimen fiscal, si supuestamente ese año estaba becado en Estados Unidos?

Asegura que su patrimonio lo ha construido con el esfuerzo de su trabajo y que “es modesto”, pero David Gómez es acusado de que la adquisición de obras de arte no va en sintonía con sus ingresos, por ejemplo, en 2016 cuando era funcionario público, en 2017 cuando fungió como estudiante en Estados Unidos o en 2018 cuando laboraba como investigador de la Universidad de Guadalajara.

¿De dónde provienen sus ingresos, entonces, para vivir “modestamente” y, al mismo tiempo adquirir obras de arte que han sido admiradas por infinidad de funcionarios públicos a los que ha recibido en su casa como el gobernador Alfaro Ramírez; el jefe del gabinete, Hugo Luna; la titular del ITEI, Cynthia Cantero; el auditor superior de Justicia, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez; el alcalde de Zapopan, Jesús Pablo Lemus Navarro; el ex presidente de Concamin, Manuel Herrera; o la empresaria Marisa Lazo, entre otros?

También llama la atención que hoy como académico y funcionario público, en su texto de defensa presuma que tiene un “equipo de abogados” con el que advierte que “presentará una demanda contra quien resulte responsable por daño moral”. ¿Un “equipo de abogados”?

El 13 de febrero de 2016, David Gómez Álvarez escribió en el diario Mural un artículo titulado “3de3: Hacia un gobierno abierto”, del que sobresale el siguiente texto:

“La declaración de lo que tienen los funcionarios, de los impuestos que pagan, y sobre todo, de las relaciones y actividades que realizan y que pudieran interferir en la toma de decisiones, no siempre es sencilla de entender (…). Declarar el conjunto de relaciones e intereses permitiría dibujar el contorno de sus trayectorias públicas y privadas…”.

El escenario para Gómez Álvarez no es halagador, y por el bien del Comité de Participación Social, de su ya de por sí deteriorada credibilidad e imagen, su cuestionada imparcialidad, y la labor que tiene por delante para la selección de futuros funcionarios públicos y el combate a la corrupción, David debe hacerse a un lado y buscar nuevos derroteros o mantenerse en los demás que ya tiene.

Incluso, hasta por la salud pública del propio Sistema Estatal Anticorrupción, que no goza de una buena reputación de la que se pueda orgullecer, Gómez Álvarez debe de decir adios al CPS.