Por José Antonio Elvira de la Torre

El “ataque relámpago” no cesa. Luego de que el jueves 22 de agosto pasado se aprobó en comisiones de la Cámara de Diputados la iniciativa para que en la Guardia Nacional se elimine, ahora si formalmente, la restricción al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, el viernes 23 se aprobó también en la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa para que el Poder Ejecutivo Federal asuma las funciones de 7 organismos autónomos, y en el Consejo General del INE los consejeros aprobaron el acuerdo de asignación de la representación proporcional, tanto para la Cámara de Diputados como la de Senadores. El lunes 26, otra vez en Comisiones de la Cámara de Diputados, se aprobó la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación que, para efectos prácticos, cancelará la División de Poderes.

Todos y cada uno de estos hechos políticos tiene una relevancia central para el futuro de nuestra comunidad y para las personas que la integramos. No es exagerado decir que en estos, y en algunos más que se llevarán a cabo en los próximos días y semanas del mes de septiembre, está en juego el régimen político, no sólo en términos democráticos, sino también como una República. Por ello, sin estridencias y sin descalificaciones, es necesario analizar con mucha responsabilidad estos acontecimientos para tratar, en la medida de lo posible, aportar explicaciones e, incluso, discutir alternativas que pueden producir mejores resultados.

En el caso particular de la reforma al Poder Judicial, nadie puede dejar de reconocer que es necesario pensar y llevar a la práctica modificaciones, tanto institucionales (legales formales) como organizacionales (estructuras, procesos y prácticas informales) para que tanto en la Federación como en los estados funcionen mejor, sean más transparentes, cuenten con mecanismos efectivos de evaluación, supervisión y control del desempeño de sus integrantes y, en última instancia, genere mayor utilidad social a las personas. No obstante, este evidente consenso, la visión de cómo debe llevarse a cabo esta mejora, difieren en tal medida que es poco factible lograr un acuerdo suficientemente amplio de actores políticos y sociales que permita configurar un proyecto común más incluyente, más ampliamente compartido y que genere mayor valor público.

Lo que se pretende como solución al problema de la corrupción y beneficios que funcionarios del Poder Judicial, no se resuelve con la elección de Ministros, Magistrados y Jueces, sino con mejores mecanismos formales de evaluación y control, que lo hagan un Poder con más contrapesos, más transparente, eficiente, eficaz y efectivo. Si los Consejos de la Judicatura no han producido los resultados deseados, para mejorar la calidad y la oportunidad de la impartición de justicia, deben plantearse mecanismos para mejorar el acceso, la promoción, la sanción y hasta la separación de funcionarios, no concentrarse en un órgano que terminaría sin tener frenos y contrapesos en su actuación.

Si lo que se busca es garantizar el derecho de acceso a la justicia, se necesita un manejo técnico eficiente de los recursos, así como el fortalecimiento del personal y materiales de apoyo con que cuentan los juzgadores. Eliminar requisitos de edad, formación y experiencia no resuelve la calidad del desempeño y las sentencias de Jueces y Magistrados. Considerar una transformación de este Poder, que no incluya la mejora de las fiscalías, ministerios públicos y las corporaciones policiales, es un diagnóstico incompleto de la magnitud del problema que enfrentamos.

La demostración de poder de fin sexenio, es tanto la más espectacular como la más costosa, en términos negativos, de que se tenga memoria en los últimos 50 años en nuestro país. La estratégica rapidez con la que se buscan concretar los cambios y la cancelación de la deliberación e inclusión que necesariamente debe existir en proyectos de esta naturaleza e importancia, no son buenas noticias para la democracia, para la República, para el país y en última instancia para las personas.