Por Carlos E. Martínez Gutiérrez
Foto: Archivo
Con autorización del autor de este texto -el arquitecto Carlos Enrique Martínez Gutiérrez, consultor en Desarrollo Urbano y Vivienda-, publicado en el reciente número 749 de la revista digital Opinión Política, publicamos la crónica de cómo en el Congreso del Estado, con la intervención del desprestigiado Comité de Participación Social (CPS), que como siempre sirvió de comparsa, se prestó a la charlotada de elegir al nuevo titular de la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, que sigue a la orden de intereses particulares antes que a los de la ciudadanía.
El pasado miércoles veintinueve de noviembre el Congreso del Estado, al más viejo estilo hizo circo, maroma y teatro (literal) para imponer al nuevo procurador de Desarrollo Urbano del Estado, nombrando a un aspirante sin las credenciales suficientes para serlo, producto de prebendas políticas, acuerdos en lo oscurito y, por supuesto, ayudados por la comparsa del Comité de Participación Social (CPS).
El objetivo principal de la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco (PRODEUR) es la defensa de los intereses de la ciudadanía, así como de los bienes públicos, con un estricto apego a las leyes y sus reglamentaciones como lo establece claramente el articulo trece del Código Urbano del Estado de Jalisco, donde estipula que es “la encargada de asesorar, representar y defender a los ciudadanos en la aplicación de la legislación urbanística, así como vigilar y procurar su observancia, en beneficio de la población”.
Para elegir al titular de dicho organismo público descentralizado el ordenamiento jurídico establece que el Congreso del Estado emitirá una convocatoria pública donde el titular será designado(a) por el Congreso del Estado a partir de la lista de los aspirantes que reúnan los requisitos de elegibilidad que remita el Consejo Estatal, con la opinión técnica del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, donde este emitirá un informe sobre la viabilidad de los perfiles de las y los aspirantes dentro del término establecido en la convocatoria.
A partir de ahí el Código Urbano, en su artículo diecinueve en el punto 2.V, establece que la Comisión respectiva del Congreso del Estado deberá elaborar un dictamen que proponga la lista de las y los candidatos elegibles, considerando el informe remitido por el Comité, del que se tomará en cuenta sólo el veinte por ciento superior de los perfiles mejor evaluados.
En esta convocatoria se inscribieron 16 aspirantes, cuatro ciudadanos y el resto funcionarios y exfuncionarios públicos, algunos con una clara intención de busca chambas con conocimientos muy limitados del tema.
Cuatro aspirantes fueron los perfiles mejor evaluados por el CPS, formando el veinte por ciento que establece la ley, destacando tres ciudadanos con un alto perfil de conocimiento de los temas por su desarrollo profesional, preparación académica, el resultado de la entrevista, su visión, los conceptos y su personalidad.
Desgraciadamente ahí empieza el malabarismo puro del Congreso para imponer a un aspirante con la ayuda y comparsa del CPS en el nombramiento del titular. Por arte de magia, en 24 horas un candidato eliminado, colocado en el número 12 de 16, se modificó su evaluación y apareció en número 4, y al siguiente día fue nombrado procurador. En suma, un proceso desaseado donde se hizo circo maroma y teatro para validar un dedazo. No se nombró al o la más capaz sino al burócrata que cuide los intereses del grupo que lo impuso y no los intereses de la ciudadanía que mandata la ley.
Estos hechos lograron el descrédito del procedimiento y las instituciones por parte de la ciudadanía. De los diputados ya no extraña sus manejos turbios, pero donde se llevaron las palmas fue en el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, que fue el primero en torcer las leyes y las reglas del juego, un comité pomposamente llamado de anticorrupción. Salieron peores. Si eso no es corrupción, que alguien me explique qué es. Tenemos a la iglesia en manos de Lutero.
Pero, además, es preocupante que el procurador, sin tener los conocimientos necesarios, pretenda procurar justicia urbana, defender a la ciudadanía y acepte el puesto a sabiendas de que su nombramiento es producto de actos deshonestos para verse favorecido. ¿Qué calidad moral y respaldo social puede tener cuando su trabajo es representar a la ciudadanía e impartir justicia? Si tuviera un ápice de vergüenza y honestidad, no debería aceptar el nombramiento, de lo contrario se convierte en parte de la corrupción.
