El gobierno de Emilio González Márquez, en sus apenas ocho meses de vida, enfrenta un verdadero reto en el que tendrá que demostrar si realmente tiene sensibilidad social o es más la soberbia de creer que por detentar el poder sus decisiones deben ser impuestas a como dé lugar, ignorando la inconformidad ciudadana.
Y en este dilema se encuentran también los diputados de la fracción del PAN, que tienen que definir qué papel quieren jugar y de qué lado están: de la sociedad como sus representantes o de su gobierno como militantes del mismo partido.
Todo esto viene a cuento porque quizás en estos ocho meses de la administración emilista, ninguna decisión gubernamental había generado tanto rechazo y manifestaciones en contra como el cambio de placas para el año próximo.
Tal vez el asunto que más se le acerque es aquella ocurrencia de querer cobrar un impuesto obligatorio en los recibos de consumo que expide el Siapa, dizque para acciones de defensa del bosque de La Primavera.
En una actitud de verdaderas víctimas sociales, asumiendo el papel de “Niño Héroe” que se cubre con la Bandera nacional y se arroja al vacío, sacando el pecho y levantando el rostro erguidos, los panistas aceptan el sacrificio y declaran: “Estamos dispuestos a asumir el costo político” de esta medida.
Finalmente han de decir que la sociedad no tiene memoria y que los comicios de 2009 están aun muy lejanos.
Pero no se trata de eso, porque finalmente quizás tengan razón, aunque quizás para entonces ya sean muchos los agravios a la sociedad que hoy gobiernan, que terminarán acordándose de lo que sucedió en Yucatán y Aguascalientes, por mencionar las derrotas electorales más simbólicas que ha sufrido el PAN.
Se trata de que la sociedad no acepta ocurrencias como acción de gobierno; no acepta imposiciones o caprichos sólo porque vienen del gobierno; y, quizás lo más preocupante, la desconfianza de la ciudadanía hacia el manejo de los recursos públicos.
Ante los altos sueldos de los que gozan nuestros gobernantes, de los bonos que se reparten disfrazados de quién sabe qué concepto, de los viajes al extranjero cuyos resultados no se traducen en beneficios a la sociedad y sí en despilfarros económicos, y ante las corruptelas y escándalos, la sociedad no está dispuesta a entregar un peso a más a las arcas públicas.
Esa es la verdadera razón a la oposición al reemplacamiento.
En este asunto, los diputados deben decirle a la sociedad de qué lado están: de su lado o de la del gobierno. Los más aberrantes argumentos en defensa del “placazo” han sido de los legisladores del PAN, aunque algunos perredistas no se quedan atrás.
Los priístas se oponen, pero su postura ha sido muy gris, como para “no molestar” al gobernante.
Señores gobernantes, ustedes tienen la palabra.
