Qué lástima que nuestros senadores hayan dejado correr que en el conflicto limítrofe entre Jalisco y Colima las cosas hayan llegado hasta donde llegaron -incluída la intervención del Ejército-, cuando sabían que no estaba en sus manos la solución de este asunto, simple y sencillamente porque su dictamen tendría carácter político y no jurídico.
El jueves pasado, en nuestra entrega titulada “Todos contra Beltrones”, le comenté en el último párrafo lo siguiente:
“La Junta de Coordinación Política del Congreso, anunció que pedirán a la Cámara Alta que restituya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de resolver los conflictos limítrofes o territoriales, pues el Senado podría resolver con criterio político y no estrictamente jurídico. Bueno, pues eso sucedera.
El Senado le regresará la “pelota” a la Corte”.
Ayer los senadores Héctor Pérez Plazola y Eva Contreras Sandoval, del PAN, y Ramiro Hernández García, del PRI, se reunieron con el secretario general de gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, quienes acordaron que los primeros elaborarán una iniciativa de reforma constitucional para que sea nuevamente la Suprema Corte la que conozca de los conflictos limítrofes y no el Senado.
No hay que engañarnos y creer que esta decisión se tomó a raiz de las declaraciones que el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera hizo en Colima y donde señaló que la razón histórica y jurídica en ese asunto, la tenía la vecina entidad.
No, la declaración de Beltrones no es sino la excusa perfecta que encontraron los senadores para deshacerse de una “papa caliente” que no sabían cómo abordar, pues estaban conscientes que su postura sería política, aunque se fundamentara en los documentos entregados por ambas entidades.
Insisto, no es gratuito que la Comisón de Límites Territoriales no haya reglamentado su trabajo. Si no lo hicieron es porque seguramente lo consideraron ocioso ante la seguridad de que el Senado no emitiría dictamen alguno definitivo y que regresaría éste asunto a la Suprema Corte. Hoy la encontraron el camino para hacerlo: la iniciativa de los Senadores jaliscienses, a petición de los diputados locales.
El senador Ramiro Hernández declaró ayer lo que ya sabían ellos: que “la ruta de resolver por la vía del Senado es muy larga y pensamos que cuando la representación en el Senado tiene que ver con los intereses de partido y los intereses de los gobiernos estatales, no es la mejor instancia para resolver este tipo de conflictos”.
Y es que si la Suprema Corte no logró dictaminar este asunto durante tantos años que lo tuvo en sus manos, ¿ustedes creen que lo harían los senadores en los 12 meses de plazo que se dieron?
No nos hagamos. Ese plazo fue para ganar tiempo. Nada más.