Por José Antonio Elvira de la Torre

El próximo domingo 28 de julio los venezolanos tienen por primera vez, en más de dos décadas, la posibilidad real de elegir un gobierno no vinculado con el chavismo. En diciembre de 1998, Hugo Chávez ganó por primera ocasión los comicios a la Presidencia de manera legal y clara, pero su desempeño como jefe de Estado significó el fin de la democracia venezolana, tanto en términos institucionales y como para efectos prácticos. No sólo arrolló en la elección a los partidos políticos (el socialdemócrata Partido Acción Democrática (AD) y el demócrata cristiano Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), que se habían alternado en el ejercicio gubernamental luego del fin de la dictadura a finales de los años 50, sino que debilitó a tal grado la institucionalidad democrática que terminó con la división de poderes para afianzarse personalmente como el hombre fuerte, respaldado en su movimiento político, aún si fuera por la vía de la reforma de la Constitución para reelegirse indefinidamente.

El actual mandatario, Nicolás Maduro, y que inició como interino, ha sido beneficiario de la concentración de poder a la muerte de Chávez en 2013. En esta elección busca su tercer período de seis años en el cargo, luego de ganar una elección muy cuestionada en 2013 no sólo por el escaso margen de 2% con que derrotó al entonces líder opositor Henrique Capriles, sino por las irregularidades, presiones y violencia que diversos organismos internacionales documentaron y denunciaron. En la elección de 2018 donde obtuvo su primera reelección, la historia no fue diferente en términos de cuestionamientos e ilegitimidad de los comicios: líderes opositores perseguidos y encarcelados, control sobre los organismos que llevan a cabo y califican las elecciones.

Similitudes y diferencias del momento actual

Para esta ocasión, las condiciones sociales y económicas que enfrenta la población en Venezuela tienen semejanzas con lo ocurrido previo a la elección 1998: la peor crisis económica en la historia de aquel país, que muestra por tercer año consecutivo una contracción anual de más de 10 puntos de su PIB, hiper inflación, descenso de los precios del petróleo; hartazgo y protestas ciudadanas contra el gobierno que han tenido episodios violentos de confrontación con las fuerzas armadas y culminado en decesos; corrupción gubernamental amplia y visible, así como documentación y juicios por el desvío de fondos de la empresa estatal petrolera.

La situación que enfrenta Maduro y el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), no sólo implica el descontento de amplios grupos sociales que, al no encontrar suficientes beneficios de la gestión del actual gobierno, se han manifestado contrarios a su continuidad, sino también a una oposición renovada y que ha encontrado en María Corina Machado a una pieza fundamental de unión y liderazgo que no se tenía, aún cuando ella no es quien compite en la elección presidencial, dado que el Tribunal Electoral de Venezuela la inhabilitó para competir, luego de que ganara la nominación interna de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) con un 93% de los sufragios.

La acción de no permitirle competir a la candidata más fuerte de la oposición, que ya en otras ocasiones había funcionado para el gobierno, en esta ocasión le generó mayores costos, dado que fue percibida como una maniobra ilegal que facilitara la segunda reelección de Maduro. El liderazgo de Machado se fortaleció y ha sido un factor importante para que el candidato formal, Edmundo González, aumente su conocimiento y capacidad de aglutinar a la oposición en su conjunto y de aceptación ante una ciudadanía inconforme con la situación social y económica y el desempeño del gobierno de Maduro.

La situación debe verse con prudencia. Para muchos, esta situación ya se ha vivido y ha terminado con una enorme decepción no sólo para la ciudadanía venezolana, sino para los interesados en que la democracia subsista y se fortalezca en América Latina y el mundo. Un factor importante que puede ignorarse con la emoción de la posible victoria opositora es el funcionamiento del gobierno y sus funcionarios durante los días previos y el día mismo de la elección, con su enorme maquinaria no sólo de compra de votación a cambio de beneficios económicos y con programas gubernamentales, sino de la intimidación y violencia que pueden generar para que la oposición no pueda vigilar apropiadamente los comicios y la desmovilización de electores identificados como no favorables a la continuidad del gobierno.

Por el momento, en la semana previa a la jornada electoral, las encuestas arrojan una ventaja importante de 59 contra 33 puntos porcentuales del candidato de la oposición Edmundo González, sobre el actual mandatario Nicolás Maduro (estudio de Clear Path Estrategies reportado por la Deutsche Welle). Por supuesto que las encuestas no sufragan, pero hay indicios serios que apuntan en esta dirección, como las declaraciones de mandatarios latinoamericanos que han marcado distancia sobre los posicionamientos de Maduro sobre su posible no aceptación de un resultado electoral desfavorable y las consecuencias violentas que esto podría generar. Los actuales mandatarios de Brasil y Colombia, así como un expresidente de Argentina, considerados líderes de las izquierdas latinoamericanas, han mostrado ya su rechazo a este tipo de posiciones.

El domingo tendremos información concreta sobre el desarrollo de la votación y los primeros datos sobre los resultados, con la esperanza de que se realice en paz y refleje fielmente la voluntad de los electores. El restablecimiento de la democracia en Venezuela pasa necesariamente por dos caminos, el del reconocimiento del actual grupo en el poder de que es posible que la ciudadanía no quiera más que continúen en el gobierno, o el de un nuevo ejercicio de la autoridad fundada en la ley, las libertades y los derechos de las personas.