Si de algo “cojean” los gobiernos de Movimiento Ciudadano -tanto municipales como el estatal-, es de la realización de licitaciones donde han encontrado la oportunidad, y una verdadera “mina de oro”, de hacer grandes negocios y beneficiar a amigos y compadres, burlándose de las autoridades de Transparencia y del Sistema Anticorrupción, o sabedores de que los tienen sometidos y no cumplen otro papel que el de “mirones de sal”.
Los casos que ponen de manifiesto estas irregularidades que han quedado impunes, porque al parecer todo el entramado legal es realizado por cómplices, más que por funcionarios públicos, han quedado evidenciados en cada ocasión por los medios de comunicación. Y pese a ello, nada sucede, no hay autoridad alguna que sancione porque finalmente todas ellas parecen que “comen de la misma mano”.
Lo anterior viene a cuento porque han advertido que en el Ayuntamiento de Guadalajara se avizora una licitación para la adquisición de 290 unidades para seguridad pública -camionetas que serán patrullas de doble cabina con motor V6-, que juega para ser otro escándalo de corrupción si las autoridades correspondientes actúan en consecuencia, porque si deciden cerrar los ojos simplemente todo quedará en una denuncia púbica por parte de los medios de comunicación que, como ha sido la constante, se han convertido en los verdaderos vigilantes y denunciantes de los pésimos gobiernos “naranjas” que hacen y deshacen “a sus anchas”.
De entrada, en la licitación pública nacional número LPN 010/2021 “Servicios de Arrendamiento Integral de Equipamiento de Seguridad” se han detectado una serie de irregularidades que son señales claras y firmes de que es una licitación “con dedicatoria” para favorecer a alguien en particular y que no sorprendería que fueran amigos o integrantes de camarillas de la que forman parte las autoridades municipales actuales.
Para empezar, se cuestiona el por qué se establece en la convocatoria respectiva a la Tesorería Municipal como dependencia requiriente, cuando dicha solicitud debería de hacerla la Comisaría de Seguridad Pública, que por sentido común es la especialista en este terreno. Por supuesto que esto abre el “sospechosismo”.
Por otro lado, es más que sospechoso que en la convocatoria se imponga, con nombre y apellido, a la empresa que debe dictaminar los estados financieros para obtener el 5% de puntuación. Se exige que dicha empresa debe de ser KPMG Price Waterhouse Deliotte e And, cuando a decir de los especialistas y expertos no debería de existir el nombre de una empresa en particular para obtener el valor a la dictaminación.
Otros puntos cuestionables que a primera vista pudieran considerarse como menores, pero que en una licitación no sólo deben de ser muy puntuales sino que son los que terminan por abrirle la puerta a la corrupción son los tiempos. Y es muy cuestionable que el licitador pretenda “robarle” un día al plazo existente para presentar propuestas, pues mientras la ley establece que debe de ser de 10 días, en la convocatoria sólo se dan nueve días. Pero, además, mientras la ley establece que entre la junta y la presentación de propuestas deben de transcurrir tres días naturales, al plazo que establece la convocatoria le estaría faltando una hora para cubrir los tres días. ¿Cuál es el propósito de “robarle” una hora a dicho plazo?
Anótele además que, como es común en las licitaciones “naranjas”, se establecen características muy concretas que sólo pueden responder al interés de beneficiar a alguien en particular, como en este caso en el que se solicita que las 290 unidades que se convertirán en patrullas deben de ser con motor V6, cuando ha sido común y recurrente que se de la opción de que pueden ser motor V6 o V8. En esta licitación no existe esta alternativa.
Aquí la pregunta que se abre es: ¿A quién se pretende beneficiar particularmente con la adquisición de 290 unidades para ser patrullas en Guadalajara? ¿Por qué este gobierno emecista, en el que el alcalde es nada menos que Jesús Pablo Lemus Navarro, se vuelve a ver involucrado en casos de presunta corrupción con licitaciones tramposas en los que se advierte que se busca beneficiar a amigos o compadres?
¿Será que se sienten con plena libertad de actuar de esta manera, porque las autoridades responsables de vigilar la buena actuación de los gobiernos y de combatir la corrupción, son rehenes o cómplices y se ven obligados a “no ver, no escuchar y no hablar”?
Esperemos para conocer la reacción de concursantes interesados en participar en esta operación, al verse afectados por la mañosa licitación elaborada desde los “sótanos” de la corrupción en el Ayuntamiento de Guadalajara.