Aunque hay quienes pretenden justificar el resultado de la investigación emprendida por la Contraloría del Estado a la irregular licitación y cuestionada adjudicación de arrendamiento de maquinaria pesada del programa A toda máquina y concluyen que su titular, Teresa Brito, fue presionada “de arriba” para entregar una resolución “light”, la pregunta de fondo es si el secretario de Administración y presidente de la Comisión de Adquisiciones, Esteban Petersen Cortés, es uno de los tres funcionarios señalados de incurrir en esas “fallas administrativas”.

Y es que mientras el gobierno del Estado niegan irregularidad alguna, un presunto conflicto de interés y hasta un tráfico de influencias, para representantes de diversos sectores la evidencia es muy clara y se centra precisamente en Petersen Castro, sin desconocer que la amistad del gobernador Enrique Alfaro con el propietario de la empresa a quien se le adjudicó la licitación, Guillermo Romo Romero, pudo influir en el resultado. La imagen donde ambos disfrutan del juego de basquetbol de los Lakers despierta muchas suspicacias en propios y extraños.

Petersen Cortés enfrenta una complicada situación en este caso, porque lo une su parentesco con Juan Jaime Petersen Farah –tío segundo-, quien es integrante del Consejo de Administración del Grupo Mega, beneficiado con la licitación por 3 mil 600 millones de pesos.

A lo anterior –vale tenerlo en mente- hay que sumarle el hecho de que las dos empresas finalistas, Mega y Avancap, además de compartir el mismo domicilio, también tuvieron ambas a Mariel Rodríguez Prinzet como representante legal, quien además laboró en las notarias del padre y hermano del gobernador Alfaro Ramírez, y a Román Ibarra Gangoti, director comercial.

Aunque la Contraloría no reveló el nombre de los tres funcionarios a quienes encontró como presuntos responsables de las “fallas administrativas”, porque aún resta una parte del proceso donde ellos tienen derecho a defenderse, en los corrillos de la Secretaría de Administración, del Palacio de Gobierno, del Congreso del Estado y hasta en los empresariales, se preguntan si se pretende cargarles la culpa al director general de Abastecimiento, Luis Arturo López Sahagún, quien como presidente suplente del Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado firmó la resolución de adjudicación ante la ausencia de su jefe Petersen Cortés, y al director del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones, Raymundo Andrade.

¿El tercero –se cuestionan-, será Esteban Petersen? Hasta el momento se duda que la Contraloría se atreva a involucrar al secretario de Administración, pero nadie apuesta a que no lo haga el resto de los entes que investigan el caso como son la Fiscalía Anticorrupción, el Comité de Participación Social, el Instituto de Transparencia y la Auditoría Superior del Estado.

La llegada de Esteban Petersen a la secretaría de Administración se adjudica, por un lado, a Bernardo Fernández Labastida, uno de los empresarios más cercanos al Mandatario estatal y quien le coordinó su campaña a la gubernatura, y por el otro al expresidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Miguel Alfaro Aranguren, primo del gobernador y hermano de la fallida candidata del partido Movimiento Ciudadano a diputada local por el distrito 10 en los comicios de 2015, cuando no obstante que MC ganó la mayoría de los distritos ella fue, curiosamente, la única derrotada.

Si como se presume la contralora Brito fue presionada desde Palacio de Gobierno para no ir más a fondo en su investigación, la Fiscalía Anticorrupción y demás integrantes del Sistema no pueden ser rehenes de esta aberración y doblarse ante el Ejecutivo, cuando lo que tienen enfrente camina como pato, grazna como pato, tiene boca de pato y patas de pato…

Al tiempo.