Si la lictación para el arrendamiento de maquinaria pesada del programa A Toda Máquina es un escándalo que escaló a niveles de carácter nacional que aún pesa y tiene señalado al gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, la que se ejecutó por parte del OPD Servicios de Salud para la prestación de los servicios integrales de Laboratorio y Banco de Sangre, aunque por un monto mucho menor, está a punto de igualarla en cuanto a la forma tan sucia y burda como se ha desarrollado.

Y ante ello, el silencio del gobierno del Estado y de la mayoría de los medios de comunicación pretende hacer creer que no sucede nada.

En Marcatextos hemos dejado evidencia puntual de la manera desaseada como se ha desarrollado ésta licitación desde antes de que se llevara acabo, advirtiendo el interés del gobierno alfarista por beneficiar a unas empresas en particular y hacer a un lado a sus competidores. Y prácticamente todo se ha llevado a cabo al pie de la letra, con la complicidad de las cúpulas empresariales que integran el Comité de Adquisiciones de esta OPD. ¿Les sorprende?

Además de todo lo que en Marcatextos hemos evidenciado, lo último que reconfirma el interés puntual del actual gobierno, a través de la OPD Servicios de Salud, por favorecer a como dé lugar a la empresa Intermet, SA de CV, se hace evidente no sólo con la violación a una resolución judicial emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa a través de una medida cautelar para que no llevara a cabo la adjudicación de la licitación de los servicios integrales de laboratorio y quedara todo en el estado en que se encontraba -rescindiéndole el contrato a la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP-, sino con acciones que demuestran que prestar la atención a los pacientes y su salud es lo que menos les interesa.

¿O cómo explicar la rapidez -en fast track- con que la OPD Servicios de Salud actuó para hacer a un lado al Grupo GAP y entregarle por medio de adjudicación directa la prestación de servicios de laboratorio a una empresa que al parecer no estaba preparada para otorgarlos, pero que ya había conveniado con varios laboratorios particulares la prestación de los servicios, apenas 24 horas después de rescindirle el contrato a la primera empresa, como se advierte en el comunicado que Intermet, SA de CV, envió, con fecha del 24 de julio, a la Dra. Gabriela del Carmen López Armas, directora del Laboratorio Estatal de Salu Pública (fotografía que acompaña este texto) donde le notifica lo siguiente:

“Por medio de la presente y en relación a la Adjudicación Directa No. SSJ-DGA-DRM-DADQ-027-2019 relativa al Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio Clínico, con fecha del 23 de julio del presente, me permito comunicarle el listado de los Laboratorios de Referencia los cuales estarán atendiendo las necesidades de los Hospitales y Centros de Salud de la Red, en caso de requerirse”.

Y añade los nombres de cinco laboratorios y anexa un recuadro con el nombre del contacto, su correo electrónico y número telefónico.

¿Por qué se le adjudicó de manera directa la prestación de un servicio a una empresa que no estaba preparado para ello ni tenía el equipo necesario instalado para otorgarlo? ¿Cómo es que un día después de rescindirle el contrato al Grupo GAP y otorgársele directamente a la empresa Intermet, SA de CV, ya existía un acuerdo con otros laboratorios particulares para atender la demanda?

¿Por qué el empeño de la OPD Servicios de Salud por favorecer al que parece ser el proveedor “consentido” del alfarismo, no obstante que no estaba preparado para otorgar los servicios que se le adjudicaron, no tenía el equipo necesario para ello y, además, ha incumplido con los tiempos establecidos en las bases de licitación, que son 15 días a partir de conocer el fallo, para prestar los servicios requeridos?

¿Por qué la OPD Servicios de Salud ha sido tan tolerante con ésta empresa y por un supuesto incumplimiento, no demostrado, canceló arbitrariamente un contrato que mantenía con una empresa debidamente instalada y que prestaba los servicios de manera adecuada, como dejaron constancia de ello diversas áreas del sector Salud, aún y cuando para ello violó una medida cautelar emitida por el TJA?

¿Por qué se le ha tomado el pelo a la sociedad jalisciense y engañado con aquello de que dichas licitaciones se efectuaron bajo el modelo de contratación de máxima exposición, cuando la opacidad, las irregularidades, las torpezas y lo absurdo de las decisiones tomadas y acciones llevadas a cabo, han sido el sello de la casa de este gobierno de Movimiento Ciudadano?

Las evidencias son públicas, han sido denunciadas, pero eso de las licitaciones con el modelo de máxima exposición, no son mas que “atole con el dedo” a los jaliscienses.