Un hombre de leyes, de los pocos que quedan con prestigio en el servicio público, me dijo ayer: “Los jueces salvan la independencia del Poder Judicial. ¿Y el honor de los magistrados?”.
Eso es lo que nos preguntamos, porque por partida doble la mayoría de magistrados del Poder Judicial que componen el Supremo Tribunal de Justicia perdieron doblemente el honor: primero, cuando acatando las órdenes que se dieron desde Casa Jalisco, a través de su entonces presidente Ricardo Suro Esteves, dieron marcha atrás a la controversia constitucional ya aprobada en el Pleno en contra de las reformas al Poder Judicial; y, segundo, ahora cuando los jueces fueron más acuciosos y actuaron con prontitud para defenderse ante la burda reforma que establecía los exámenes de control de confianza y que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Valga destacar que fueron pocos los magistrados que se opusieron y alzaron la voz en contra de la violación a la autonomía e independencia del Poder Judicial desde Casa Jalisco, instrumentada con la complicidad de la mayoría de los diputados de la LXII Legislatura, encabezados por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.
Gracias a la actuación de los jueces que no se quedaron con los brazos cruzados sino que recurrieron de inmediato a las instancias existentes para su defensa ante la grotesca violación a su autonomía e independencia, estos magistrados que decidieron dejar “por los suelos” su honorabilidad y someterse a las decisiones del Ejecutivo, se verán beneficiados y no se verán obligados al sistema de evaluación de control de confianza.Sí, lo decía ayer, los magistrados aliados del gobernador Enrique Alfaro gozarán también del logro obtenido por las jueces y los jueces que no tuvieron miedo a las presiones ejercidas desde el Ejecutivo para inhibirlos a no defenderse, y decidieron llegar hasta la máxima instancia de justicia en el país: la Corte.
Incluso, uno de los jueces a los que los ministros de la Corte le concedieron el amparo, denunció en su alegato el hostigamiento del que fueron objeto por parte del gobernador Alfaro Ramírez. Refirió:
“La campaña de desprestigio que con el fin de disuadir el ejercicio delos derechos constitucionales que me corresponden (sic) juzgador, entre ellos intentar el juicio de amparo en contra de los decretos señalados en los puntos A y B de este apartado -por tanto defender la autonomía e independencia como como juzgador-, ha instrumentado en medios de comunicación y redes sociales con el fin de denostar y desprestigiar a los juzgadores –entre ellos el aquí quejoso- lo que finalmente merma la imagen ante la sociedad y disminuye la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado de Jalisco, –entre ellos se insiste, el aquí quejoso-, ya que el juez debe estar siempre sometido únicamente a la ley y no a presiones externas que como en el caso pretenden disminuir nuestra independencia y autonomía.
“Cierto, el Gobernador ha instrumentado una campaña mediática en contra de los juzgadores que se amparen en contra de los decretos aquí reclamados, construyendo en medios de comunicación y redes sociales una imagen negativa del ejercicio de sus derechos y de la defensa de su autonomía –con el fin de evitarla-, lo que finalmente viene a dañar la sociedad misma, pues pretende infundir temor de que los mismos serán cesados, castigados, readscritos, por haber acudido a la presente instancia constitucional, asimismo, construyendo una imagen de que somos corruptos o hemos incurrido en acciones indebidas por el solo hecho de defendernos”.
Así, pues, si bien los magistrados están en la lista de peticionarios del amparo de la justicia federal, la verdad es que aquellos que se sometieron a las decisiones del Ejecutivo deberían de estar agradecidos con los jueces que lograron que la Suprema Corte de Justicia les diera la razón, y avergonzados de haberse prestado a ese juego caprichoso que atentó en contra del Poder Judicial.
